La subida de un 5% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024, acordada por el Ministerio español de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y afectará a unos 2,5 millones de personas, en su mayoría jóvenes y mujeres. El SMI pasa así de los 1.080 euros mensuales en catorce pagas a los 1.134 euros.

El anuncio llegó de la mano del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al término de la reunión celebrada a primera hora de la mañana con CCOO y UGT para comunicarles la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el SMI tras las conversaciones mantenidas con ellos desde diciembre.

«Esta subida nos permitirá también subir el salario por hora de las empleadas de hogar y seguir avanzando en un país más próspero, que acabe con el diferencial salarial con Europa, que siga luchando contra la brecha de género y que redima del elemento fatal que es la pobreza salarial», resaltó Pérez Rey.

Un discurso que no parecen compartir las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que no se sumaron al acuerdo alegando que no se han atendido sus demandas de ligar la subida del SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector agrario.

«TAZA Y MEDIA»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya reprochó a primera hora al Ministerio de Trabajo las formas y la falta de criterio para aplicar la subida. «Si no quieres taza, taza y media», señaló el líder de la patronal española, que apuntó que las empresas querían subir el SMI solo un 3,5% y que insistió en la necesidad de que se trasladaran esos incrementos a las contratas públicas.

Tanto Trabajo como CCOO y UGT estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban a un pacto tripartito. En caso de no hacerlo, el Ministerio y los sindicatos ya habían adelantado que la subida iba a ser «más ambiciosa» que ese 4% inicial.

La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2021 y 2022, acordadas por el Gobierno con los mismos sindicatos, pero sí pactó el incremento de 2020, de 900 a 950 euros mensuales.

La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, recordó que pese a la falta de la firma de los empresarios «no debe haber problema» para trasladar esta subida a los convenios porque «todas las empresas que no lo hagan estarán incumpliendo la ley. No es que los empresarios quieran o no, es que tienen obligación legal».

CEOE y Cepyme criticaron en un comunicado la «arbitrariedad» con la que a su juicio se ha decidido esta subida de SMI. Una situación que «sólo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores».

«Confiamos ahora en que la subida del SMI pactada no genere efectos de segunda ronda y se acabe trasladando a la inflación, añadiendo así un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo», advirtieron.

El PP no tardó en alinearse con estas organizaciones. Su coordinador del área económica, Juan Bravo, defendió que «no se debe imponer lo que se ha de cobrar a aquellos que lo deben pagar».

«NO SON SUFICIENTES»

Desde Euskal Herria, ELA y LAB emitieron sendas notas en los que coincidieron enseñalar que los 1.134 euros mensuales del nuevo SMI no son suficientes para mantener una vida digna en Hego Euskal Herria, debido a los más altos precios de las hipotecas, el alquiler de vivienda o los alimentos.

ELA recordó que durante los últimos años ha reivindicado «un salario mínimo de al menos 1.400. Debemos tener en cuenta que alrededor del 40% de los trabajadores que perciben el salario mínimo son personas empleadas del hogar, casi todas mujeres».

Por su parte, LAB reconoció que «la subida es positiva», pero «absolutamente insuficiente si atendemos a la realidad socioeconómica de Hego Euskal Herria». Ambas centrales reclamaron por ello que el SMI esté adaptado a cada territorio.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo de Lakua, Idoia Mendia, apuntó que «se ha caído el mito de que cuanto más alto sea (el SMI) se destruye empleo», y defendió que un salario mínimo europeo sería «un avance inmenso no sólo para España, sino para muchos países que entraron no hace tanto en la Unión Europea».