¿La carestía de la vida es inevitable?, ¿qué está detrás? A estas preguntas se intentó dar respuesta en la mesa redonda organizada por Sasoia y en la que dos expertos apuntaron a los márgenes empresariales como responsables y recordaron las consecuencias de la misma, en especial entre los jóvenes y los pensionistas.

Esta actividad forma parte del impulso que quiere dar Sasoia a proponer debates y analizar en profundidad cuestiones que «nos atañen como personas mayores» y que arrancó ayer en el Palacio del Condestable con la carestía de la vida provocada por la desbocada subida de los precios.

Para analizar esta cuestión, intervinieron Juan Carlos Longás, profesor de Economía en la UPNA, y Edurne Larrañaga, licenciada en ciencias políticas y miembro de la fundación Ipar Hegoa.

Longás se centró en los orígenes de la inflación, un problema «muy duro, que afecta de manera desequilibrada a las personas vulnerables. Un problema devastador por sus efectos potentes y desiguales».

Recordó que veníamos de un período de estabilidad en el que los márgenes empresariales «se asentaban en la reducción de costes» de producción. Una situación que cambió a causa de la «pandemia, la dislocación de las cadenas de aprovisionamiento y la guerra de Ucrania, con un impacto en los precios de combustibles, fertilizantes y alimentos».

Una circunstancia que ha sido aprovechada por las empresas para ampliar sus márgenes recurriendo a la subida de los precios, lo que Longás denominó una «inflación de vendedores». Este modo de proceder ha tenido un impacto mayor en las rentas bajas, de tal manera que la inflación ha sido del 12% en estas frente a las altas, en las que «no llega al 9%». Entre las primeras situó a los más jóvenes «por la precariedad laboral» y las personas mayores de 60 años.

Aunque se ha buscado una cierta compensación con la subida de los salarios, estos han aumentado una media del 3%, mientras que los beneficios empresariales «se han duplicado», lo que evidencia que «los salarios podían haber subido más sin afectar a los márgenes empresariales».

El profesor de la UPNA recordó que las medidas adoptadas para frenar la inflación, como las ayudas directas, el incremento de las pensiones no contributivas, topar precios, subvencionar los carburantes, reducir el IVA de los alimentos o una política monetaria restrictiva, no han terminado de resultar efectivas.

Concluyó señalando que la inflación «es una pelea por las rentas», en la que gana el capital, que en Nafarroa se lleva el 53% en el reparto de la renta, frente al 47% de los salarios.

LAS CONSECUENCIAS

Por su parte, Edurne Larrañaga analizó las consecuencias de la carestía de la vida, que enmarcó en las sucesivas crisis que se vienen encadenando en los últimos años y de las que «padece las consecuencias la clase trabajadora». Todo ello, dentro de un modelo que busca «mantener el sistema capitalista» y con unas previsiones que apuntan en 2024 a una recesión en la eurozona, lo que afectará a las políticas económicas que se lleguen a aplicar en la UE.

La experta de la fundación Ipar Hegoa destacó la «elevada precariedad», que en Hego Euskal Herria se traduce en que el 53,20% de las personas entre 25 y 64 años «no tienen ingresos para una vida digna», lo que supone «una de cada dos personas» de ese grupo. Además, los pensionistas «ensanchan el índice de precariedad», ya que el 33% tiene una pensión igual o inferior a los 1.080 euros, del que el 68% son mujeres.

Otra consecuencia es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que «suben por debajo del IPC». Y aunque las pensiones se han llegado a actualizar por encima del IPC interanual, si se toma como referencia el IPC acumulado desde 2011, este se sitúa por encima, lo que supone «una pérdida de poder adquisitivo».

En el ámbito del consumo, destacó que ha bajado en los hogares, ya que cada vez hay que destinar más tanto por ciento de los ingresos a cuestiones como la vivienda o la electricidad (34%) y a los alimentos y bebidas no alcohólicas (15,8%). Esto se ha traducido en que «consumimos menos a pesar de que gastamos más».

Sobre la vivienda, señaló que el derecho a la misma se ha convertido en «un artículo de lujo» y puso el acento en que crecen las desigualdades, con un riesgo de pobreza que se sitúa en el 17,1%, «un 20% más desde 2008».