119 plazas de administrativo con exigencia de perfil C1 o B2 de euskara están en el aire en Gipuzkoa tras el recurso interpuesto por una persona. ELA y LAB convocaron una concentración de protesta a la que se sumó la Diputación. Según denunció el sindicato LAB, la persona que interpuso el recurso es «un político navarro que ha contado con la ayuda de un conocido abogado de Bilbao». Un nuevo ataque al derecho a vivir y trabajar en euskara. Es necesario responder con firmeza a este tipo de iniciativas euskarófobas.