El racismo estructural y la aparición de nuevas formas de vulneración de derechos fueron denunciados ayer por SOS Racismo en el Parlamento de Nafarroa durante una sesión de trabajo de la Comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias a petición de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para que presentaran su informe anual sobre el racismo en el herrialde

De esa presentación se encargó una representación de esta entidad conformada por Aleyda Gaspar, Flavia Navarrete y Beatriz Villaizan.

Según indicó Gaspar, el informe constata la «existencia y permanencia de un racismo estructural» e institucionalizado en forma de leyes como la Ley de Extranjería y normativas que «obvian la existencia de diversas categorías de ciudadanía existentes» o se usan para discriminar directamente a las personas.

AGENTE DISCRIMINADOR

Esto, refirió, se muestra en que en un 68% de los casos denunciados en su entidad, el agente discriminador era una entidad pública, siendo las dificultades en el acceso a la protección social el problema más repetido. Se sitúa como el segundo agente discriminador las actuaciones policiales mediante prácticas como “citas trampa”, violencia policial o controles por perfil étnico, añadió.

«Es desalentador comprobar cómo los capítulos de vulneraciones y propuestas van aumentando en contenido cada año», ya que «las vulneraciones no son reparadas y se van añadiendo otras nuevas y de reciente detección», lamentó Gaspar, constatando una «tendencia hacia la cronificación y agravamiento en el discurso de odio en espacios públicos e institucionales».

El racismo, denunció, es «la base de todas las políticas sociales», ya que «sigue sin incorporarse la perspectiva antirracista». Criticó también la aprobación de un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE que «perpetúa la criminalización y el desmantelamiento del derecho a migrar y el aval al actual modelo de desarrollo europeo basado en el expolio del sur global».

Según refirió Navarrete, se observa una «falta de coordinación y criterios comunes» en los servicios sociales, dificultad en el acceso al empadronamiento, suspensión de la renta garantizada, denegación de servicios esenciales de base y unidades de barrio por carecer de empadronamiento y desprotección de menores migrados.

También criticó la falta de servicios de interpretación y traducción, la existencia de discriminación en el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia o dificultades para acceder a ayudas al alquiler de vivienda, falta de recursos de asesoramiento para trámites de extranjería y un agravamiento de la brecha digital.

EN EL ÁMBITO PRIVADO

En el ámbito privado, señaló una vez más las denegaciones en la apertura de cuentas bancarias y malas prácticas bancarias constituyendo esto una vulneración de derechos en sí y dificultando además el acceso a multitud de prestaciones

Reprobó también la mención en medios de comunicación del origen nacional, racialización y situación jurídica de personas que han cometido un delito, detenidas o investigadas, la existencia de artículos de opinión con lenguaje racista y discursos de odio emitidos por representantes públicos.

De igual modo, puso en evidencia el «aumento de actitudes de racismo y xenofobia en contextos vecinales y vía pública», especialmente dirigidos a jóvenes racializados en situación de calle.