La consejera de Paz y Convivencia de Nafarroa, Ana Ollo, pidió «perdón» en nombre de las instituciones navarras por «no haber hecho caso durante tanto tiempo» a las demandas de las doce primeras víctimas de violencia cometida por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha en Nafarroa. Además de ello, felicitó a estas personas, a sus familias y a los colectivos que les han arropado durante décadas por «su perseverancia», que ha permitido llegar al acto de ayer.

En todo momento se aclaró que estas doce son «las primeras» y que pronto la Comisión de Verificación resolverá más expedientes que le llegan al amparo de la Ley 16/2019 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Ollo, a su vez vicepresidenta segunda de Nafarroa, aseguró que estas personas fueron objeto de «una violencia injustificada e injustificable». Y lamentó que se haya llegado tan tarde a un «día importante», cuestión que achacó a las trabas que han existido por parte de otras instituciones y partidos políticos. Recordó que ha pasado casi una década de la ley de memoria de 2015, que fue cercenada después en elementos sustanciales tras un recurso del PP, formación que no envió representantes al acto (a diferencia de UPN).

Los doce primeros casos resueltos (que fueron, además, los primeros en presentarse ante la Comisión de Verificaciónn) son todos ellos palmarios y referenciales. Hay dos víctimas mortales (Mikel Zabalza, tras ser torturado en Intxuaurrondo, y Mikel Arregi, ametrallado en un control policial en Sakana) así como heridos de bala durante los sucesos de Sanfermines del 78, torturados y una víctima de una carga policial que le dejó lesiones permanentes.

Este reconocimiento formal habilitará que sean reparados no solo moralmente, sino también económicamente por la violencia sufrida, con un tope fijado en 250.000 euros en caso de fallecimiento y que incluso puede llegar al medio millón de euros para una invalidez absoluta. Asimismo, les confiere derecho a recibir asistencia sanitaria y sicológica.

cerrar casi un siglo de enfrentamientos

Martín Zabalza, el director general de Memoria y Convivencia y presidente de la comisión que está verificando las decenas de denuncias que se están tramitando (la mayoría de ellas relativas al uso sistemático de la tortura), aseguró que fue un día clave para la consolidación de «un marco estable de convivencia en un estado de posviolencia tras casi un siglo de enfrentamientos».

Zabalza defendió la comisión que preside como un elemento de justicia transicional equiparable a una comisón de la verdad. En este sentido, sostuvo que se están moviendo dentro del corsé que les impuso el Tribunal Constitucional, esto es, fuera del marco penal, pues este implica la atribución de responsabilidad, cosa que dijo que les está «taxativamente vedada».

En consecuencia, explicó que los nueve miembros de la comisión se centran en exclusiva en verificar si los hechos denunciados son ciertos y, por consiguiente, en refrendar la condición de víctima con los efectos que eso conlleva.

A juicio del director, se ha iniciado un «proceso histórico de reconocimiento y reparación» que acabará en la «consecución de una paz justa». Y sostuvo, además, que actuar fuera del ámbito penológico puede tener «ciertas ventajas» a la hora de asentar la verdad, citando para ello declaraciones de las Naciones Unidas.

palabras de las primeras víctimas oficiales Cuatro representantes de las víctimas verificadas, incluida una hermana de Zabalza y otra de Arregi, sumaron sus voces al acto. Lo hicieron celebrando un día muy importante para ellas, pero añadiendo que vienen muchas otras personas por detrás, porque el proceso no se ha acabado.

Tanto Idoia Zabalza como Mintxo Ilundain, herido de bala en los sanfermines de 1978, insistieron en la necesidad de que se elimine la Ley de Secretos Oficiales para que de verdad se esclarezca lo ocurrido y sentir «satisfacción plena».

Txaro Arregi recordó que han pasado 45 años desde que la Guardia Civil ametrallara a su hermano, concejal de HB en Lakuntza. Y manifestó sentir una pena enorme por sus padres, que se murieron sin que el reconocimiento llegara. Cosa, explicó Arregi, que «les hubiera aliviado mucho».

La hermana del fallecido también tomó la palabra por otra de las 12 víctimas, su pareja Josu Imaz, contra quien grupos de extrema derecha atentaron en dos ocasiones.

Ilundain, por su parte, insistió en que la ley navarra tiene que verse como una vía abierta al esclarecimiento y no convertirse en un tapón. Y dio varias pinceladas sobre su vivencia del 8 de julio de 1978. Recordó cómo acabó herido de bala escondiéndose en los bajos de un coche y cómo fue testigo de la muerte de Germán Rodríguez «de un tiro en la frente».

«Hemos sido durante demasiado tiempo invisibles», manifestó Josu Irañeta, una víctima de la tortura que fue la tercera en intervenir. «Este reconocimiento no lo siento para mí, sino para toda Navarra y todas las víctimas del Estado».

Irañeta afirmó que cientos de torturados están «expectantes». Confesó que durante años jamás pensó que pudiera llegar un reconocimiento como este. La víctima aseguró que no se puede «vivir con odio y rabia». Dejando a un lado el papel con el discurso, terminó así: «Quiero vivir en paz. Quiero que nunca más se maltrate a ningún ser humano. Ni siquiera a los que me maltrataron a mí y a mi familia».

Idoia Zabalza hizo un breve recorrido de tantos años de lucha y frustración, recordando que se logró abrir el caso en dos ocasiones, pero que jamás pasó de la fase de instrucción. Aseguró que el caso de su hermano muerto y lanzado al Bidasoa «no fue inusual por la práctica de la tortura, sino por el resultado». También lamentó que sus padres no hayan podido vivir el acto de ayer.

Egiari Zor y la Red de Personas Torturadas emitieron una nota conjunta en la que resaltaron la «importancia del evento» y defendieron que la Ley 16/2019 «está dando resultados».

Eso sí, para que se pueda hablar de una igualdad entre las víctimas, ambas organizaciones defienden que los actos de reparación deben de convertirse en una cita anual como sucede con las víctimas de otras violencias.