El pleno municipal de Donostia aprobó con una abrumadora mayoría la moción de control redactada por Inquilinos Azora, Stop Desahucios y Alokairu y presentada por EH Bildu y Elkarrekin en la que se insta al Ayuntamiento a acelerar la petición de zona tensionada y a mediar entre los propietarios y los arrendatarios sobre los que pesa una amenaza de desahucio.

En su día, el Gobierno local indicó que la documentación estaría lista para ser entregada al Departamento de Vivienda en septiembre, pero el pasado martes los colectivos antidesahucios -que ayer acudieron al Pleno- advirtieron de que podría ser tarde para al menos cuatro familias de Gros que han recibido un burofax del fondo de inversión Azora en el que se les da el 31 de octubre como fecha límite para abandonar su piso.

Ricardo Burutaran, concejal de EH Bildu, indicó que mientras se tramita el expediente «hay otros agentes que se están moviendo en sentido opuesto», acelerando los desahucios antes de que la declaración de zona tensionada permita «prorrogar tres años el contrato en condiciones similares a las que tienen en estos momentos, sin subidas abusivas».

Arantza González (Elkarrekin) mencionó las más de 1.400 viviendas que han abandonado el mercado de alquiler residencial para pasarse al turismo -apostilló que son casi tantas como las que se proyectan construir en cuarteles de Loiola-, o las más de 5.000 viviendas vacías que hay en la ciudad, y pidió que «se dé prioridad absoluta a la tramitación de este expediente».

PERIODO VACACIONAL

La concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, matizó que sería más correcto que la moción hablara de «continuar mediando», pero anunció que respaldaría el texto y aseguró que el Gobierno municipal pondrá todo de su parte para acelerar la declaración de zona tensionada, si bien en agosto «hay mucha gente de vacaciones y no se puede contar a veces con todas las personas necesarias para elaborar los expedientes».

La moción se votó con los dos puntos por separado a petición del PP, para quien estos alquileres de vivienda son un asunto privado entre arrendador y arrendatario, pero no ve mal que el Ayuntamiento ejerza de mediador.