El preso político de Donostia Xabier Atristain Gorosabel ha quedado en libertad condicional por un auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN) española, según informó ayer Etxerat. Llevaba preso más de trece años. A finales de diciembre de 2023 fue clasificado en tercer grado y desde marzo ha cumplido condena por medios telemáticos.

Atristain estaba en la prisión de Martutene desde octubre de 2022, cuando la AN española dejó sin efecto el tercer grado que le había concedido Lakua, tras aceptar el recurso interpuesto por la Fiscalía.

Antes, en enero de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español por no permitir que un abogado de confianza le asistiera durante su detención incomunicada en 2010. A juicio del Tribunal de Estrasburgo, de este modo «se socavó la equidad del proceso penal posterior, en la medida en la que la declaración inicial incriminatoria del demandante fue admitida como prueba».

Un mes después, la AN dejó en libertad a Atristain a la espera de que el Tribunal Supremo revisara la sentencia. Sin embargo, haciendo oídos sordos a Estrasburgo, el Supremo decidió mantener la pena, tomando como base la declaración tomada durante la incomunicación que el TEDH cuestionó. Horas después, volvía a ingresar en prisión.

SIN TERCER GRADO

Tras este nuevo encarcelamiento, Lakua le concedió el tercer grado, por lo que podía dormir en su domicilio, hasta que la medida fue revocada por la AN.

Atristain se entregó en marzo de 2010 en Biarritz al tener conocimiento de que era buscado por la Policía española tras la detención un mes antes en Gipuzkoa de Ibai Beobide. Un mes después fue puesto en manos de las autoridades españolas y la AN le dejó libre.

Volvió a ser arrestado en setiembre de ese año, y entonces se ordenó su incomunicación durante cinco días, siendo atendido por un letrado de oficio, sin que permitieran la asistencia de un abogado de su confianza. Se autoinculpó de diversos hechos a consecuencia de las torturas y de amenazas como detener a su novia.

Y en ello se basó la condena impuesta por la AN. Cumplió dos años de prisión provisional y en setiembre de 2012 recuperó la libertad a la espera de juicio. Este tuvo lugar en 2013, y fue condenado a 17 años de cárcel. Pero Estrasburgo declaró injusto ese proceso debido a la falta de garantías jurídicas en el periodo de incomunicación, una constante en casi todos los casos de presos vascos.