Nicolás Maduro ganó las elecciones de Venezuela y renueva su mandato democrático. A falta de que concluya el escrutinio, con una participación del 59% -diez puntos más que en los anteriores comicios-, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó de que Maduro logró el 51,9% de los votos frente al 44,2% del candidato de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia. Este y María Corina Machado intentaron deslegitimar ese resultado afirmando haber logrado nada menos que el 70% de los votos, alegando irregularidades y utilizando como argumento algunas encuestas previas a la jornada electoral -y ocultando otras-. Sin embargo, a la espera de informes más completos, como el de la ONU o el de la Fundación Carter, que se hará públicos estos días, los observadores internacionales no han visto nada que pueda poner en duda la legitimidad del resultado oficial.

Los Gobiernos y mandatarios que deseaban un cambio político en Venezuela, desde Javier Milei hasta Antony Blinken, pasando por Gabriel Boric, apoyaron las tesis de los opositores, aunque en formas y grados diferentes. Algunos de ellos fueron más allá y, como el expresidente de Costa Rica Óscar Arias, llamaron abiertamente a las Fuerzas Armadas a dar por democráticas las encuestas en vez de los resultados y, en consecuencia, a rebelarse contra el Ejecutivo. Es decir, llamaron a dar un golpe de Estado porque el pueblo venezolano no votó lo que las encuestas que ellos habían encargado decían. Independientemente de la opinión que se tenga sobre el bolivarianismo o la presidencia de Maduro, que estas patrañas se defiendan como argumentos a favor de la democracia es delirante y peligroso. Nadie con principios democráticos firmes debería frivolizar sobre promover golpes de Estado; en ningún sitio del mundo, pero menos aún en Latinoamérica.

Las sanciones, las injerencias, las amenazas, los agravios y el golpismo financiado no solo no son la solución a los problemas políticos, sino que en el caso de Venezuela son algunas de las razones por las que el pueblo sigue apoyando el proyecto bolivariano de soberanía y justicia social.