Más de un año después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Aborto en el Estado español, este derecho sigue sin estar garantizado en la mayoría de territorios y el Ministerio español de Sanidad aún no ha elaborado el protocolo que regula los registros de objetores de conciencia, mientras que se mantiene el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas en algunas ciudades.

El pasado mes de marzo, la ministra española de Sanidad, Mónica García, anunció que llevaría «próximamente» al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el protocolo con el que se gestionarán los registros de objetores, que garantizarán un acceso equitativo para que las mujeres elijan dónde interrumpir su embarazo.

El protocolo orientará a las comunidades sobre cómo articular el registro de los profesionales objetores de conciencia, pero, de momento, este documento está pendiente de elaboración y fuentes del Ministerio español de Sanidad señalaron a Efe que todavía se encuentran trabajando en esta cuestión.

Mientras, son varias las comunidades autónomas que han puesto en marcha su propio registro, pero mientras en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no hay noticias al respecto, este registro existe en Nafarroa desde hace más de una década y fue validado por el Tribunal Constitucional, aunque su efectividad es dudosa. Según se publicó tras su implantación, solo había un médico registrado en el mismo.

LIMITACIÓN

En declaraciones a Efe, el presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médico Colegial (OMC), José María Domínguez, indicó que «la ley señala que se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, pero todavía no se ha puesto en marcha y eso limita los derechos de los médicos a poder manifestarse como objetores de conciencia».

Mientras tanto, y ante la ausencia de registros, Domínguez explicó que los médicos objetores comunican su postura a su inmediato superior, y los directivos de las áreas sanitarias, conociendo quiénes son los facultativos objetores, pueden establecer el modelo organizativo apropiado.

Las trabas al ejercicio del derecho al aborto se manifiestan también en forma de concentraciones frente a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo que, a pesar de que hace más de dos años se aprobara una ley que penaliza estas actuaciones, siguen sufriendo el hostigamiento de grupos ultracatólicos.