Es incompatible la efectiva aplicación de los derechos sociales para garantizar una existencia material y libre para toda la humanidad, con la lógica acumulativa y la concentración extrema de la riqueza que hace posible la existencia del capitalismo. Esta cuestión, sistemáticamente obviada, resulta crucial para entender que la desigualdad, la pobreza o el exterminio masivo de la población en situación de miseria, no podemos enfrentarlas con propuestas tales como la llamada cooperación para el desarrollo o la redistribución asistencialista, condicional y selectiva de los recursos sobrantes que se arrojan a la basura desde el banquete de los ricos.

La lucha por los derechos sociales ha de sustentarse en la abolición del capitalismo, del racismo, del heteropatriarcado, de la adultocracia, ejes vertebradores del actual modelo socio-económico. La implantación, extensión y consolidación de derechos y libertades, cuando se ha planteado dentro de la lógica del capital y sus Estados, se da en condiciones de excepcionalidad y de amenaza constante de suspensión, debido a que vienen supeditados a intereses contrarios al reconocimiento y efectiva implantación de los mismos.

Los actuales Estados neoliberales emergentes, especialmente en su versión ultraderechista, tratan de negar el propio concepto de justicia social y, por consiguiente, los derechos para todas las personas asociados a ella como son la renta básica, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, la educación o la salud. Desarrollan políticas basadas en su recorte o suspensión, en la privatización, en la confesionalidad y en la reproducción de legislaciones xenófobas, clasistas y sexistas. Derogan las políticas sociales sustentadas en la publificación, secularización, multiculturalidad, no discriminación por motivos económicos, de edad, de sexo, de género, de etnia o de procedencia. Transforman el estado social, en un estado-guerra contra su propia población, cuando esta alza la voz y se moviliza frente a la imposición de su modelo