Casi todo lo relativo con la vida, la intimidad, las decisiones personales y la muerte se debe considerar material sensible. O dicho en términos de usuario: cosas muy serias. Leer un informe de rango institucional de máxima credibilidad que anuncia que la mitad de los seres humanos que viven hoy en la Tierra tienen problemas para beber agua potable digna de llamarse así, la verdad es que produce un inmediato retorcijón de las emociones primarias. Tres mil y pico de millones de personas no tienen a su alcance agua potable de esa que dejamos correr en nuestras duchas. No es que tengan limitaciones alimentarias, sino que el agua que usan es sospechosa. Terrible. ¿Cómo se puede solucionar este grave problema de manera global?

Pero estos días hay un asunto muy inquietante. Una jueza, a instancias de esa organización ultra llamada Abogados Cristianos, ha suspendido la eutanasia (o suicidio asistido), concedida con todos los protocolos médicos y legales a una mujer de veintitantos años parapléjica tras haberse lanzado voluntariamente desde un quinto piso. Ha iniciado el proceso su padre a través de ese grupo activista pero la jueza convierte una denuncia en un acto superlativo, por encima de casi toda la norma con unos argumentos que escapan a los dictados clínicos hechos con todas las garantías. Es un caso particular pero que viene a acumulase a las sospechas de una extendida secta judicial que se siente por encima de todo ordenamiento emanado de las leyes democráticas y atienden a las divinas o las partidistas que a veces son las mismas, con excesiva devoción y vocación.