El magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, rechazó ayer los recursos de reforma presentados por el expresident Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, así como los de Fiscalía y Abogacía del Estado, contra su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados.

En un auto, el magistrado del Tribunal Supremo español (TS) insiste en que el artículo 1.4 de la Ley de Amnistía indica que el enriquecimiento alcanza cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria, aunque no aumente materialmente el nivel de riqueza del sujeto.

El instructor reitera su criterio de que la ley deja fuera de la amnistía los delitos de malversación en los supuestos en los que el sujeto actúe con «el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial», lo que entiende que concurre en este caso.

Resalta que el delito hubiera entrado en la norma si la ley hubiera proclamado, sin restricciones, la concesión de la gracia a todos los delitos de malversación cometidos para promover el 1-O o si hubiera limitado la exclusión a casos de enriquecimiento en su significado etimológico, es decir, de aumento de riqueza.

Sin embargo, argumenta que el artículo 1.4 de la ley indica que el concepto de enriquecimiento alcanza además a las actuaciones donde se obtenga cualquier ventaja personal de carácter patrimonial, lo que incluye a quien, con cargo a los caudales públicos, obtiene cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria, aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza.

Dice el juez que los procesados «decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste» del referéndum del 1-O, que era un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut de Catalunya, sino ajeno a sus responsabilidades de Gobierno y a las competencias de la Generalitat.

CRÍTICAS

Puigdemont criticó la decisión del juez Llarena, que llegó un día antes de la Diada y el mismo día en que el Estado español decidió «mantener impunes los crímenes del franquismo», en relación al archivo de la causa por la querella del denunciante de torturas de la Brigada Político-Social en 1975 Julio Pacheco, hechos que fueron declarados prescritos.

«El mismo día en que España contradice el derecho internacional humanitario y decide mantener impunes los crímenes del franquismo, resuelve que no se nos puede aplicar la amnistía. Y para mantener las tradiciones españolas, esto lo volvemos a saber por la prensa», lamentó en un apunte en X recogido por la agencia Europa Press.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tildó de «golpe de Estado judicial» el rechazo del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al recurso de Puigdemont contra su decisión de no aplicarle la Ley de Amnistía.

Además, la portavoz del Govern de Catalunya, Sílvia Paneque, reclamó que se aplique la Ley de Amnistía «con la máxima celeridad y sin subterfugios».