El ararteko, Manu Lezertua, ha emitido una resolución en la que emplaza al Ayuntamiento de Donostia a que deje de inhibirse frente a las denuncias «por las actuaciones clandestinas en varios establecimientos hosteleros de la Parte Vieja» y ejerza sus competencias «para restablecer la legalidad urbanística».

El documento, al que ha tenido acceso GARA, tiene su origen en una queja presentada por la asociación vecinal Parte Zaharrean Bizi respecto a la actitud del Gobierno municipal frente a las denuncias por «las instalaciones de cableado eléctrico a través de las fachadas de varios establecimientos», espacios que se encuentran protegidos por su valor histórico y cultural.

El Ararteko «recomienda» al Ayuntamiento que «continúe con el impulso de los mencionados expedientes para garantizar la legalidad urbanística, así como para sancionar las infracciones de la normativa».

Todo comenzó en mayo de 2022, cuando Parte Zaharrean Bizi puso la primera de nueve denuncias contra establecimientos hosteleros de la plaza de la Constitución y el Boulevard por haber colocado en los arcos de los soportales instalaciones eléctricas -enchufes y cableado- para dar servicio a sus terrazas. Una práctica que viola la declaración de Zona Monumental con la que cuenta el barrio desde abril de 2019

A raíz de esa demanda, el Consistorio trató de poner la pelota en el tejado de la Diputación, entendiendo que era competencia foral. El ente foral respondió que no, pero hasta febrero de 2023 el Ayuntamiento no dio orden de retirada del cableado.

El Gobierno municipal siguió insistiendo y en octubre de 2023 se declaró no competente, archivó todas las actuaciones y remitió las actas y las denuncias ciudadanas a la Diputación.

Parte Zaharrean Bizi remarca que «los casos de denuncias no resueltas y enviadas a la Diputación han ido aumentando a partir de esa decisión», sean nuevos toldos, colocación de carteles en fachadas, obras sin licencia…

CASO ÚNICO

Esta asociación apunta que el Departamento foral de Cultura les transmitió que los ayuntamientos tienen la obligación «de carácter irrenunciable» de aplicar la ley, y que el de Donostia era el único que actuaba de esta manera.

Las últimas denuncias que se desviaron desde Alderdi Eder a la plaza Gipuzkoa datan de finales de agosto, respecto a un bar que se ha reformado completamente «sin que nadie sepa si cumple las condiciones establecidas para incendios, ruidos u organización urbanística. Sin licencia de obras municipal, sin control municipal, el Ayuntamiento ni se inmuta».

Ante dicha situación, y con al menos 74 expedientes en el limbo -según los datos de la Diputación-, la asociación vecinal tocó la puerta del Ararteko, que le ha dado la razón y ha instado al Ayuntamiento a continuar con la tramitación de dichos expedientes. «¿Qué van a hacer ahora en Urbanismo?», interpelan.