El Parlamento Europeo reconoció ayer al líder opositor venezolano Edmundo González como «presidente legítimo» de Venezuela, en un texto no vinculante que salió adelante con los votos a favor del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha. La resolución conjunta propuesta por el Partido Popular Europeo, Conservadores y Reformistas que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y Patriotas, el grupo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en el que se encuadra Vox, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones.

La iniciativa recabó, además, el respaldo de otros grupos de derecha y extrema derecha, incluyendo Vox y Se Acabó la Fiesta, mientras que socialdemócratas, verdes e izquierda la rechazaron, con el boicot de los liberales a la votación. Los eurodiputados de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG y Bildu votaron en contra en una votación en la que han participado 522 eurodiputados de los 720 de la Eurocámara.

No obstante, debido a una enmienda de socialdemócratas, liberales y verdes que salió adelante, el texto no llega a reclamar a la UE y a sus Estados miembros, quienes tienen la competencia en política exterior, que se unan en el reconocimiento de González.

Es la primera ocasión de la actual legislatura en la que el Partido Popular Europeo vota con la extrema derecha.

El eurodiputado del PSOE Javi López lamentó que el PPE haya decidido apoyarse en Meloni, Orban y Le Pen, «y en la extrema derecha alemana» para aprobar la resolución, «en lugar de hacerlo con los partidos europeístas».

Oihane Agirregoitia, del PNV, criticó la falta de diálogo entre los grupos de la Eurocámara para redactar una propuesta de consenso que estuviera «alejada de la extrema derecha y de los partidismos».

En el texto, los eurodiputados urgen a la Unión Europea y sus Estados miembros a hacer «lo máximo posible» para que González pueda asumir la Presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero de 2025.

CORTE PENAL INTERNACIONAL

«El respeto de la voluntad del pueblo venezolano, expresada en las elecciones, sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia, permita una transición pacífica y auténtica y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica», dice la Eurocámara.

También pide a la Corte Penal Internacional que incluya las violaciones de los derechos humanos y las «detenciones arbitrarias» en sus investigaciones y exige la «liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente».

Insta a que se establezcan las sanciones contra miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela «como señal de buena voluntad» y que el resto de sanciones se prolonguen y amplíen.

En la resolución se recoge que «si el 10 de enero de 2025 no se produce un traspaso pacífico de poder y el restablecimiento de la democracia, se producirá un nuevo éxodo migratorio hacia otros países de la región, similar al que ha llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a huir del país en los últimos años».