Hace tiempo que la interseccionalidad dejó de ser un concepto nuevo y, después de mucho pensar y hablar sobre ello, sobre todo desde el pensamiento feminista, hoy en día se incluye en las leyes y planes de igualdad de varias instituciones. Este paso de gigante, sin embargo, se ha quedado anclado en el diagnóstico y las administraciones no consiguen avanzar hacia soluciones y prácticas interseccionales.

La receta tiene que inventarse aún y hace falta «creatividad» en las políticas públicas, defendió Lucas Platero en Bilbo, en la segunda jornada del curso de verano de la UPV-EHU titulado “La interseccionalidad en la intervención social y las políticas públicas: experiencias y retos”. «Hay que pensar cómo lo vamos a hacer para llegar a las personas que habitualmente no llegamos», resumió.

Según el profesor e investigador en intervención social de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la interseccionalidad -herramienta analítica que asume que las desigualdades se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la raza, la clase social o el capacitismo- llegó a las políticas públicas como «una cascada de estrategias» que impactó en los planes que buscaban atender a las mujeres «en situación de riesgo o vulnerabilidad» y favorecían usualmente a aquellas que «vivían en ciudades, tenían trabajo, familia, no tenían enfermedades» y, sin embargo, «no llegaban o tardaban mucho en llegar a las mujeres que no son blancas», por ejemplo. «No estaba hecho a mala leche, pero sucedía», manifestó.

En realidad, apuntó la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Marisela Montenegro, siguen existiendo políticas públicas que «tienden a discriminar y generan asimetría». «Por ello las críticas antirracistas nos dicen que es nuestro deber luchar contra aquellas políticas públicas que vulnerabilizan a las personas», agregó.

A partir del año 2007, detalló Platero, las instituciones del Estado español comenzaron a integrar la interseccionalidad en las leyes «de una manera más clara», pero las menciones aparecen «mucho en el diagnóstico y poco en las acciones que se proponen». «Hay mucha gente pensando sobre esto, pero poca práctica institucional -ahondó el investigador-. Nos interesaría que la interseccionalidad fuera una metodología, y lo es, pero hay que inventarla, el propio concepto no da instrucciones».

Sin embargo, esto no debe restar valor a la capacidad analítica de la interseccionalidad, matizó Montenegro, ya que, para ella, «un análisis es una práctica en sí misma». «La interseccionalidad nos da un marco analítico que nos permite ver cómo construimos el sujeto de intervención, y cómo se ha dibujado a ese sujeto con contornos que lo identifican. Pero, por nuestra experiencia, sabemos que no es real: hay personas que necesitan protección, pero que no están definidas bajo ese sujeto de intervención», explicó la ponente al cierre del curso.

Por tanto, añadió, aplicar una mirada interseccional en las políticas públicas y la intervención social permite determinar, al hilo de lo que defendió Platero, «quién no está».

SEGMENTOS Y SUMAS

Lucas Platero advirtió de que la cultura política que se basa en la «segmentación» de categorías y que arrastran las instituciones públicas puede ser contraproducente. Citando al profesor Dean Spade, afirmó que «las políticas públicas producen sujetos diferenciados a través de sus prácticas administrativas y, por tanto, producen aquello que quieren combatir». Puso el ejemplo de los «menas» -Menores Extranjeros No Acompañados-: estas siglas esconden que son niños, y esta categorización «tiene un impacto en cómo miramos a estas personas».

La técnica de igualdad Aurora Iturrioz, otra de las ponentes de la jornada, subrayó esta idea. «No es tan importante la categorización como identificar la dirección del poder. De ello tenemos que hablar en las instituciones, del patriarcado y la norma cisheterosexista, del racismo y el colonialismo, del capitalismo, la clase y el capacitismo», manifestó. «Lo que queremos mirar no es la suma de las opresiones, sino las relaciones de poder en un contexto determinado», coincidió Montenegro.

Por ello, Platero cuestionó: «Es posible diseñar una política pública que no esté basada en una identidad? ¿O que no produzca esa identidad? Es difícil, porque venimos de políticas sectoriales, divididas por colectivos y pensar en una política no basada en identidad requiere un esfuerzo».

Para este investigador, las políticas públicas deberían dejar de lado la categoría de «personas vulnerables» porque, a su juicio, da a entender que el problema de la vulnerabilidad es inherente a las personas, y las problematiza. Platero prefiere hablar de las «barreras específicas» que «evitan o entorpecen la participación social de algunas personas». Y, por tanto, cree que las administraciones no deberían centrarse tanto en nombrar y sumar todas las desigualdades, «sino en ver si sus políticas tienen un impacto que benefician más a algunas personas frente a otras». «La creatividad debería centrarse en pensar cómo levantar estas barreras», reivindicó.

Ese ejercicio de creatividad será imposible, apostilló Iturrioz, si las administraciones no interactúan con el movimiento feminista: «La escucha activa es fundamental, y no se trata solamente de invitar a las asociaciones a participar, sino a observar y examinar las prácticas que desempeñan el movimiento feminista y otras asociaciones».

En ese sentido, Lucas Platero dijo que es crucial que las personas perceptoras de estas políticas participen en el desarrollo de las acciones públicas. Esto exige un cambio en el modelo de gobernanza. «No hablamos con ellas. No concebimos a las personas como capaces, cuando en realidad son expertas en saber cuáles son los límites de una ley, saben realmente dónde hay una falla», aseguró.

¿Y LOS PRIVILEGIOS?

Un mandato bastante común del feminismo para intentar equilibrar los ejes discriminatorios es interpelar a las personas para que revisen sus privilegios, pero si se hace de una manera flagelante, advirtieron Platero y Montenegro, no sirve para nada. «¿Habéis notado alguna mejora?», cuestionó, con ironía, el profesor e investigador.

Desde el punto de vista de un interventor social, las ponentes invitaron a dejar de insistir en la continua revisión de los privilegios para, en su lugar, transformar la relación que el trabajador o trabajadora social tiene con los usuarios y usuarias. «Se trata de transformar la relación que tenemos con estas personas, que es una relación de poder, porque somos un intermediario del poder. Hay que establecer unos límites más amables y, sin ser paternalistas, pensar cuál es la transacción del poder con las personas con las que trabajamos. Mejor una actitud activa que flagelante», concluyó Platero.