El Gobierno español ha retirado la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria, que se iba a votar mañana en la Cámara Baja, debido a la falta de apoyos para sacarlo adelante y después de fracasar en su intento de atraer a Junts a un acuerdo para que votara a favor de los objetivos de estabilidad presupuestaria, según confirmó Hacienda.

El Ejecutivo explicó que quiere retrasar esta votación para agotar todas las posibilidades y alcanzar un pacto que sea beneficioso para todas las comunidades autonómicas y los ayuntamientos, ganando tiempo para negociar con la formación de Carlos Puigdemont, a quien el PSOE sondeó la pasada semana en Waterloo.

La votación, así, no se producirá mañana, ante la falta de apoyos parlamentarios y el escenario de una nueva derrota.

A falta de fijar una nueva fecha, será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno de Sánchez llegó a presentar los relativos a los presupuestos de 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Catalunya y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.

12.000 MILLONES DE MARGEN FISCAL

El objetivo de retrasar la tramitación es dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo. Desde Hacienda remarcan que no se resignan a que la «irresponsabilidad del PP» con su rechazo a la senda genere un grave perjuicio para comunidades autonómicas y ayuntamientos, que perderían casi 12.000 millones de margen presupuestario si no se aprueban unos nuevos objetivos.

En la reunión de la dirección celebrada el lunes con presencia de los barones del PP, ninguno de los doce presidentes autonómicos de esta formación rechazaron este «no» al techo de gasto pese a los perjuicios para sus comunidades, según constató Daniel Galvalizi.

El Ejecutivo recuerda que esta senda fue avalada por las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y flexibiliza los objetivos de déficit para las CCAA y los ayuntamientos en 2025 y 2026.

Ese mayor margen lo asumiría la Administración española, que sería quien haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. Por su parte, el objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).

También se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. En 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.

Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autonómicas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.

Por su parte, el límite de gasto financiero o techo de gasto, que no es sometido a votación, se ha fijado en un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

Dentro del techo de gasto se recoge también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,25 en los tres próximos ejercicios.