Cuando la Carta de Derechos Sociales de EH impulsó en el 2018 una ILP a favor de la renta básica universal acudí a una charla en la que intervinieron Daniel Raventós, economista y teórico de la RBU, y Ander Rodriguez, responsable de Política Social mientras Bildu gobernó la Diputación de Gipuzkoa (2011-2015). Rodríguez afirmó que el total de las ventajas fiscales para pagar menos impuestos beneficiaban sobre todo al capital y superaban con mucho al dinero destinado a ayudas sociales. Recuerdo esto, porque Ignacio Zubiri, Catedrático de Hacienda Pública de la UPV, afirmó el lunes en este diario casi lo mismo. «El sistema fiscal está trufado de agujeros -explicó- por incentivos, bonificaciones, exenciones...» y hacen que la «capacidad de recaudar sea pequeña». Es decir, que sigue habiendo poco dinero en las arcas públicas. Parece que, en estos años, en política fiscal y con la utilización neoliberal del Concierto y del Convenio Económico (que permiten una normativa propia) ha existido mucha retórica y se ha retrocedido en favor de las «rentas empresariales y del capital». Así resulta fácil entender por qué la privatización ha hecho mella en las políticas institucionales y se ha olvidado que el principio de la solidaridad social debe de ser un gasto fijo, además de una voluntad política.