Las preocupaciones sobre las necesidades y aspiraciones de autogobierno, siempre presentes en la conciencia colectiva vasca, reaparecen con mayor fuerza si cabe en el momento en el que se cumple el 45 aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika. La efeméride nos invita a la reflexión sobre los avances y decepciones sufridos a lo largo de este tiempo. Pero de poco serviría lo logrado si nos quedamos anclados en el pasado y no somos capaces de ver, como siempre lo ha hecho la sociedad vasca, más allá de la foto estática del presente. Para ello es preciso renovar la ambición de todos los que nos precedieron. Seguir profundizando en la sana y legítima aspiración de continuar avanzando en el proceso de construcción de la nación vasca, que va más allá del contenido del Estatuto de Gernika. Tarea que, pensamos, debería llevarse a cabo independientemente del hecho de tener que responder a los grandes desafíos que se atisban para este país, situado en el seno de los Pirineos atlánticos, en las próximas décadas.

Estamos, pues, ante el 45 aniversario de la segunda puesta en vigencia de la institucionalización, que para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa había supuesto el Estatuto del 36 tras cuarenta años de dictadura y falta de libertades en la llamada «larga noche del franquismo». La exclusión, nuevamente de Navarra, neutralizó las expectativas que se habían creado en el Consejo General del País Vasco (presidido a la sazón, por Ramón Rubial, miembro del PSE, y que estaba conformado por parlamentarios de los cuatro territorios vascos) de articular un Estatuto conjunto para los cuatro territorios del sur de Euskal Herria siguiendo la estela marcada por el Estatuto de Estella de 1931. Fueron el obsesivo antivasquismo de la derecha navarra y el, una vez más, funambulismo patológico de los socialistas, los artífices de una decisión que ha instaurado contra natura, la doble institucionalización autonómica de nuestro país. Una cuestión, la vertebración territorial, que debe formar parte de la reflexión y reubicación estratégica del proyecto nacional en esta nueva encrucijada, teniendo también en cuenta la forma de estrechar lazos políticos, sociales y culturales con Ipar Euskal Herria y su actual estructura institucional.

En el inicio de la llamada «transición democrática», una mayoría del país vio al Estatuto de Gernika como un primer instrumento jurídico-político para avanzar en la institucionalización y profundizar en el autogobierno. No obstante, es preciso poner de relieve que también existieron sectores políticos que mostraron su rechazo o hicieron ver las carencias de contenido del texto. Esta divergencia alimentó estrategias contrapuestas que cristalizaron en un escenario de confrontación, uso de la violencia y vulneración múltiple de los derechos humanos. No obstante, la sociedad vasca ha sabido reconocer que el Estatuto de Gernika marcó un nuevo tiempo político en el proceso de su aspiración política.

45 años después, hemos sobrepasado una mayoría de edad política suficiente para hacer las cuentas de la evolución de ese pacto estatutario, de su vigencia como instrumento jurídico y, consecuentemente, planificar el futuro de las relaciones políticas, jurídicas e institucionales de EAE y/o Navarra con el Estado con un proyecto nacional en el horizonte.

Durante 45 años hemos sido testigos de la forma en la que legisladores estatales y jueces han causado un incuestionable vaciamiento de competencias exclusivas o forales recogidos en los textos estatutarios originales. Es el momento, pues, de enfrentarnos al futuro desde el análisis riguroso de la experiencia acumulada, en sintonía con las demandas mayoritarias de la sociedad vasca actual. Demandas que fueron expresadas en la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi de 30 de diciembre del año 2004, vilipendiada y neutralizada por el Congreso español y que, veinte años después, siguen siendo las mismas. Recordar que esa propuesta llamada «Plan Ibarretxe» ha sido la última aprobada por el Parlamento de Gasteiz, vigente por lo tanto, y debe ser referencia ineludible en el debate político abierto.

Así pues, a pesar de la desconfianza que han generado los incumplimientos en torno al estatuto luego erosionado, consideramos que, tras una pandemia de dimensiones globales que ha sacudido nuestras sociedades y ha afectado profundamente nuestra forma de vida, unido a un futuro que anuncia enormes y rápidos desafíos, tales como el digital, el energético y/o el demográfico, la sociedad vasca es consciente del imperativo categórico como pueblo y de la necesidad imperiosa de asumir protagonismo para definir y acordar el instrumento jurídico que permita a nuestras instituciones y ciudadanía continuar con el desarrollo del proyecto nacional vasco en sus ámbitos institucionales, sociales, culturales y económicos.

El reconocimiento de la nación vasca en el marco de un Estado plurinacional, el reconocimiento de sujetos políticos (EAE y Nafarroa) con una relación de bilateralidad enraizada a una foralidad como reflejo de soberanía histórica y la profundización de las competencias exclusivas o forales, unidas a un blindaje-garantía que evite la tendencia invasiva del Estado, son referencias claves del salto político que necesitamos. Un contenido que, además, tiene que asentar y dar cauce jurídico a la voluntad democrática futura de la sociedad vasca. Es decir, defendemos el principio democrático del derecho a decidir la relación que se quiera mantener con el Estado que tienen los hombres y mujeres de nuestro país.

Consideramos, pues, que esta estructura de contenidos se sitúa en el espacio de consenso que conecta con la mayoría institucional y social del país, abriendo un horizonte para que la sociedad vasca afronte los grandes desafíos de época en los que estamos ya inmersos.

*Se adhieren al escrito: Miren Azkarate, exconsejera de Cultura del Gobierno Vasco, catedrática de Filología vasca y miembro de Euskaltzaindia; Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco y exdiputado en Madrid; Rafael Larreina, exdiputado en Madrid y en el Parlamento Vasco; Esther Larrañaga, exconsejera de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno Vasco; Rafa Diez, exdiputado en Madrid y en Gasteiz, y ex secretario general del sindicato LAB; Urko Aiartza, exsenador y director de Monzon Laborategia, e Iñigo Iruin, exsenador y abogado.