Lo ocurrido en Donostia al hilo de las cenas solidarias de Egia, prohibidas por el Ayuntamiento a última hora del miércoles, tiene varios elementos preocupantes. El más grave probablemente es el protagonizado por el Consistorio, cuya decisión de vetar esta iniciativa, además de arbitraria y formalmente indefendible, supone premiar a las personas que el lunes se concentraron, sin permiso, frente a los voluntarios, a quienes insultaron y amedrentaron para que dejaran de desarrollar su labor humanitaria. El mensaje que traslada el Gobierno municipal prohibiéndola apenas un par de días después de ese acto intimidatorio, más allá de la excusa esgrimida, es terrible, y refuerza a quienes llevan meses alentando actitudes viles y abiertamente racistas.

Es grave, asimismo, que en esa movilización estuvieran presentes los ediles del PP, con comportamientos además muy alejados del decoro institucional, y no lo es menos, por más que sea un patrón que se repita, la reacción de la Ertzaintza, más agresiva con quienes destinan su tiempo y esfuerzo a ayudar a los más necesitados que con quienes acudieron expresamente a acosarles. La deriva ultra de la Policía autonómica es notoria y su alineamiento con sectores reaccionarios debería motivar la reflexión de sus responsables políticos. No es algo nuevo, pero no puede sostenerse por más tiempo.

Con todo, quizá lo más preocupante es la corriente de fondo que subyace en todo lo que ha ocurrido. Hace tiempo que las redes, y también algunos medios tradicionales, ejercen de altavoz de mensajes que criminalizan a las personas migrantes con la coartada, en este caso, de la falta de la seguridad. Mensajes que están calando en cada vez más sectores con independencia de la experiencia personal -es un fenómeno que también ocurre, por ejemplo, con la ocupación de inmuebles- y que abonan el terreno a movimientos ultraderechistas. Las instituciones, por supuesto, tienen que responder a los problemas de seguridad, los reales, y adoptar medidas concretas si estos aumentan. Pero «la seguridad» no puede ser pretexto para la criminalización de colectivos ni para premiar institucionalmente acciones tan ruines como la del lunes en Egia.