Los movimientos sociales relacionados con la vivienda han vuelto a cobrar protagonismo en los últimos meses en el Estado español. Con los precios de los alquileres en máximos históricos y pocas medidas efectivas desde los gobiernos central y regionales, los sindicatos de inquilinos llenaron las calles de Madrid el 13 de octubre y prometen avanzar hacia una huelga masiva de alquileres si no hay iniciativas desde las instituciones.

Tras pasar por Amsterdam para participar de un importante congreso de urbanismo y vivienda, Javier Gil explica técnicamente por qué lo que propone el Gobierno de Pedro Sánchez no sirve como solución y advierte de las consecuencias de tener un régimen de vivienda que «está partiendo a la sociedad en dos».

Lo primero, como activista, ¿cómo valora la manifestación histórica del 13 de octubre y todo lo que está ocurriendo con el tema?

La cuestión de la vivienda y los alquileres se está volviendo algo cada vez más insostenible, la sociedad se está partiendo por esta cuestión. Una manifestación tan grande evidencia que puede empezar un ciclo de movilización en torno a esto y será clave el papel que tengan los sindicatos de inquilinos y su capacidad de transformar.

¿Y los partidos políticos?

Han tenido su momento, llevan ya unos años diciendo que iban a intervenir el mercado y, durante los gobiernos de PSOE con Unidas Podemos y de PSOE con Sumar, los precios de los alquileres han alcanzado su récord histórico, se han disparado los casos de viviendas compradas al contado, que son de grandes inversores, y el 63% de los alquileres de Barcelona, por ejemplo, son de carácter vacacional. Han sido incapaces de transformarlo.

Ahora no hay mayoría parlamentaria suficiente. Es el momento de que la vivienda deje de ser uno de los principales problemas del país y se convierta en uno de los principales conflictos del país. A ver qué pasa si 10.000 inquilinos dejan de pagar una parte de sus alquileres; no se puede desahuciar a tanta gente del tirón. ¿Qué pasa si se declaran en huelga ante alquileres abusivos? Está claro que todo esto dará fuerza a los inquilinos.

¿La Ley de Vivienda estatal aprobada en la legislatura pasada no ha servido?

Es que vemos que es ineficaz por varios motivos, entre ellos que las comunidades autónomas no la aplican. Hace 10 años se empieza a disociar la economía de los hogares con los precios de los alquileres, hay que corregir esa disociación. La ley no resuelve eso ni es moderadamente buena, ni siquiera en una de las cosas importantes que tiene, que es que las inmobiliarias no cobren comisión; se lo están saltando todas porque no desarrollaron un mecanismo de sanción. Además, los caseros han sacado los pisos del mercado residencial y los han puesto en mercado de temporada, como vemos en Catalunya. Creo que el Gobierno no buscaba que bajaran los alquileres con la ley. El rentismo tiene mucho poder todavía.

¿A qué se refiere?

A que en España se intervino de múltiples formas el mercado inmobiliario para que entraran los fondos buitre y compraran las viviendas de los bancos, que estaban en crisis. El Gobierno de Rajoy aprobó toda una serie de medidas como la reforma de la ley de arrendamientos o los cambios en la Sareb, apoyados por gobiernos municipales y regionales; recordemos que el de Madrid vendió 5.000 viviendas sociales a Goldman Sachs... Todo eso generó un mercado de vivienda con expectativa a futuro de precios al alza, generando un nuevo ciclo de inversión. La población de mayor renta ha podido unirse al negocio del mercado en alquiler, ademas de la oligarquía nacional.

Estamos pagando los efectos de la política de entrada de los fondos de inversión en el mercado para generar rentabilidad económica no productiva. Esto saquea la economía productiva, porque el dinero que reciben los caseros acaba en otras inversiones especulativas; compran otra casa para ganar más. Es una forma de aumentar patrimonio que hace que el inquilino tenga menos renta porque gasta más en alquiler, y entonces gasta menos en consumo, menos en el supermercado, menos en ir al cine... Esto es un problema para la economía local y es un esquema que no se sostiene a largo plazo.

En un estudio publicado por su instituto, que entrecruza datos de la Agencia Tributaria, el INE y el Banco de España, se indica que los hogares de los caseros duplican en ingresos a los de los inquilinos. ¿Cómo se traduce eso para que se entienda?

Aquí hablamos de personas que tienen sólo una casa o la mitad de una casa y que la tienen en alquiler. La vivienda en alquiler se convirtió en un refugio donde desplazar sus ahorros y transformarlos en inversiones muy rentables, y se ve que los inquilinos en buena situación, o sea, de renta alta, son poquísimos. La distribución es muy desigual y la mayoría de los inquilinos se concentra en la parte baja de los cuartiles de renta.

Lo que vemos con esto es que la sociedad se está rompiendo. La vivienda funciona como un medio de integración y protección social, tiene que ver con el proceso de formación de clase media. Cada vez menos gente tiene posibilidad de comprar pisos y, por la estructura del régimen de tenencia, la sociedad se está rompiendo. Quien tenga un piso para alquilar, por lo general, tiene el doble de renta que los inquilinos, según demuestra la investigación.

¿Por qué el bono de alquiler joven ha sido tan criticado por los sindicatos?

Porque no responde a lo que expresa la manifestación, que es bajar el precio de los alquileres. Pedro Sánchez anuncia que con dinero público va a subvencionar los alquileres, y esas ayudas las absorben los caseros y hace que haya gente dispuesta a pagar precios más altos por alquilar. Cuando se aprobó la Ley de Vivienda, le avisamos: había que controlar el alquiler de temporada. Lo central aquí es bajar los precios de alquiler y proteger las viviendas contra las inversiones especulativas, como hizo Países Bajos. Bajar por ley los precios sería lo ideal.

Usted comentaba hace poco que los caseros han registrado en algunas regiones un aumento del 50% de sus ganancias desde 2015.

Sí, en Madrid estamos hablando de subidas de más del 80% de promedio; en Barcelona ronda algo similar. El mercado está preparado para favorecerlas, con toda la desregulación hecha en 2012 y 2013. Y, además, con épocas con los tipos de interés negativos mucha gente con renta podía acceder a comprar una vivienda y ponerla en alquiler. Esto ha generado todo lo contrario del crecimiento: es una economía parasitaria con pobres cada vez más pobres y efectos sociales devastadores. Recordemos que en el 70% de los desahucios hay menores involucrados.

Mucho se habla ahora del modelo de Viena. ¿Es posible en el Estado español?

Es posible, es un modelo que se ha desarrollado históricamente, pero para llegar a eso tendríamos que cambiar el sistema inmobiliario de arriba abajo. No es fácil, es un modelo construido durante casi un siglo. No podemos tardar cien años en llegar, ya no podemos esperar a vivienda pública. Hay que revertir la disociación entre el precio de vivienda y la economía de los hogares, poniendo viviendas fuera del mercado, con modelos de gestión que hagan que el precio no lo fije el mercado, como ocurre con dos tercios de los pisos en Viena. En Suecia es más del 90%, allí no va de oferta y demanda, sino de un proceso de negociación colectiva entre inquilinos y propietarios, sistemas muy complejos sobre todo para la menta- lidad española, con criterios no mercantiles, como el barrio, el espacio, etcétera.

Hay especialistas que creen que el PSOE no avanza en esto porque no quiere enfadar a la clase media-alta pequeña propietaria de 3 o 4 pisos.

Para mí una persona que tiene tres o cuatro viviendas no es un pequeño propietario. Son análisis deterministas y, en definitiva, me parece que la posición material no determina cómo te comportas, porque si no no habría gente pobre votando a la derecha o gente rica votando a la izquierda. Y ese sector tampoco es tan grande, algo más del 9% de los hogares tiene ingreso por alquileres, y en el 95% de los casos obtiene más dinero por su salario que por el alquiler.

Aquí lo que ocurre es que se ha depositado muchísimo dinero en el territorio español de capital internacional, de las grandes aseguradoras y de los fondos de pensiones. Está invertido en vivienda en alquiler y, si se baja el alquiler, ese capital invertido es un problema. Y ellos son los principales lobbistas, Blackstone, por ejemplo, es el primer donante de [del presidente de Estados Unidos, Donald] Trump. No creo que sea tanto por tocar a una familia, porque el PSOE no tuvo problema en apretar a las familias en 2008, lo que no quieren es que baje el dinero de los activos.

¿Qué le diría a ese ciudadano de clase media o trabajadora que tiene miedo a las consecuencias de esa regulación de alquileres?

Que están equivocados. Diría que en Países Bajos ya se ha prohibido la venta de pisos para inversión, y que todas las medidas que proponemos, como el impuesto a la vivienda vacía o limitar a inversores extranjeros, ya existen, no solo en países de Europa, sino también en Australia o Estados Unidos.