El artículo “Industria o populismo” de Josu Jon Imaz critica con fiereza el nuevo impuesto al sector energético. Es saludable debatir cualquier medida fiscal que puede afectarnos a todos, pero reducirlo a un dilema simplista de futuro industrial vs. obsesión confiscatoria, más allá de evidenciar el sesgo demagógico del autor, aporta poca luz sobre el necesario debate acerca de la adaptación fiscal para fomentar la transición ecológica con justicia social.

La entrada en vigor provisional de los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las grandes energéticas se dio en un contexto específico, en el que era imperioso recuperar, en parte, los ingentes esfuerzos públicos realizados para superar la pandemia y sus efectos, a los que se sumó un contexto inflacionario estrechamente vinculado a la crisis de precios energéticos, con un mar geopolítico convulso de fondo. En este punto, es pertinente recordar a los olvidadizos neoliberales que, una vez más, todo se sostuvo por una masiva intervención pública en la economía, uno de cuyos efectos colaterales fue un incremento espectacular en las cuentas de resultados de algunas empresas.

Ahora bien. A la hora de hacer permanente un gravamen, este se debe afinar para que responda a la pregunta del millón ¿cómo utilizamos la política fiscal para redistribuir la riqueza y, a la vez, impulsar la transición hacia una economía sostenible?

El dilema a resolver no es si ciertas empresas con pingües beneficios deben o no contribuir más, por supuesto que sí, sino cómo orientarlo para impulsar una transición ordenada hacia una economía baja en carbono. Y el debate se debe dar sin obviar que los impuestos que pagan los productos petroleros son muy inferiores a los pagados por la electricidad si los comparamos por CO2 emitido por unidad energética equivalente.

Conforme encaramos la emergencia climática, es fundamental reestructurar el sistema fiscal para impulsar la descarbonización y la innovación. Y la innovación, no nos engañemos, está estrechamente vinculada a la capacidad del sector público de generar las condiciones adecuadas. Este es el enfoque que puede y debe generar un modelo económico próspero y sostenible, alejado de las inercias que perpetúan la dependencia de los combustibles fósiles.

En su análisis, Josu Jon Imaz menciona el informe Draghi para advertir sobre los riesgos de las políticas fiscales que se implementan sin un análisis riguroso o sin interlocución con las empresas. No obstante, el informe Draghi también plantea una cuestión fundamental que Imaz pasa por alto: la necesidad de una inversión pública sin precedentes para la descarbonización de la economía. Este informe no se limita a alertar sobre los peligros de los impuestos mal diseñados, sino que aboga por una intervención pública decidida y masiva para financiar la transición energética y asegurar el futuro de la industria en un contexto de lucha contra el cambio climático.

Lejos de ser una mera recomendación para recaudar fondos, el informe propone que los estados europeos se impliquen activamente invirtiendo en infraestructura verde, tecnología limpia y reconversión industrial. El objetivo es doble: reducir la dependencia de los combustibles fósiles y generar empleo de calidad en sectores emergentes como las energías renovables y la economía circular. Esto no debería verse como una carga sobre las empresas, sino como oportunidad para adaptarse a un mundo que, inevitablemente, debe avanzar hacia la descarbonización.

El problema del planteamiento de Imaz es que, al no poder discernir su interés particular como CEO de Repsol del interés público, ignora la oportunidad histórica que tenemos ante nosotros: reorientar la política fiscal y de inversión para transformar la economía. Y las grandes energéticas deben contribuir. Esa contribución debe incorporar un enfoque que penalice más a quienes más contaminan y favorezca la inversión en tecnologías más limpias.

Y la industria vasca, en lugar aferrarse a un modelo energético fósil, tiene una gran oportunidad de liderar la transición socioeconómica que exige el momento. La innovación en energías renovables, la economía circular y la movilidad sostenible son sectores clave que no solo contribuirán a mitigar el cambio climático, también generarán empleo de calidad y atraerán talento. Nuestra industria está bien posicionada en estos sectores y es hora de pedalear para que la transición llegue a buen puerto. Y la rueda a seguir no es, precisamente, fósil.

Más que una amenaza, los impuestos al sector energético deben entenderse como una oportunidad para reorientar nuestra economía hacia el futuro, trabajando para que generen oportunidades industriales y mejoren nuestro posicionamiento en la transición. Todos somos conscientes de que estamos en un momento clave y, a pesar de que los aspavientos de Imaz, azuzando el fantasma de la desindustrialización, puede resonar en sectores que temen la reconversión ya iniciada, en el fondo no son más que el canto de cisne de un modelo que, aunque aún poderoso, tiene los días contados. Que no nos arrastre a todos.