El derribo del palacete del siglo XIX Irurak Bat del barrio getxoztarra de Algorta ya ha empezado a ser investigado judicialmente, según confirmó ayer «El Correo». En concreto, el juzgado de instrucción número 2 de esta localidad encargó a la Ertzaintza la realización de un informe al respecto. Posteriormente se determinará qué personas adquieren la condición de investigadas por los hechos.

La indagación judicial ha sido impulsada por EH Bildu, que entregó el pasado 14 de octubre a la Fiscalía toda la información que dispone, después de constatar que desde el Ayuntamiento gobernado por el PNV no se dan pasos hacia el esclarecimiento del caso en el que están envueltos dos de sus concejales: Inaxio Uriarte e Irantzu Uriarte.

De hecho, sigue sin convocarse la comisión especial sobre el caso que demandó la oposición, con mayoría en el pleno, la semana pasada. Algo que parece contradictorio con la apertura de un expediente en torno al derribo por parte del Ayuntamiento, que se conoció ya en septiembre, cuando este escándalo salió a la luz. El equipo de Gobierno no está obligado a convocar la comisión especial.

Para EH Bildu, «resulta indispensable que un agente externo al Ayuntamiento investigue lo ocurrido con Irurak Bat y el Departamento de Urbanismo». Considera imprescindible conocer las circunstancias del derribo, la actuación del Consistorio en todo el procedimiento desde que se otorgó el 18 de octubre de 2022 la licencia a la empresa promotora Biurban SL, el procedimiento administrativo seguido, y dilucidar, como denuncia la oposición, si ha existido «un trato preferente».

LOS HECHOS INVESTIGADOS

Un repaso a los hechos que se investigarán: el 18 de octubre de 2022, la Junta de Gobierno Local, de la que formaban parte los dos ediles del PNV que son promotores de la operación inmobiliaria, aprobaron conceder la licencia de obras a la sociedad gestora de cooperativas Biurban. Su cometido fue el derribo de las construcciones auxiliares existentes y posterior rehabilitación del palacete para construir un total de 12 viviendas de alto standing con garajes y trasteros. En mayo de 2023, cambió la titularidad de la licencia a favor de Ereaga Atalaya S. Coop.

Fue en febrero de este año cuando comenzaron los trabajos en la zona. Según advirtieron los vecinos del entorno, se demolió el tejado del inmueble protegido y, para su sorpresa, se hizo lo propio con la fachada sur, la principal con vista a la playa de Ereaga, que albergaba un escudo singular. Las obras se paralizaron en abril, pero se reiniciaron en agosto, cuando para sorpresa del vecindario se derribó lo que quedaba del edificio a preservar sin que desde el Ayuntamiento se actuara.

Tras las denuncias hechas por residentes, la Policía Municipal realizó una inspección el 2 de agosto y el Consistorio ordenó la paralización de la construcción.

En una resolución del Área de Urbanismo, con fecha del 9 de agosto, se exigió a los promotores volver a levantar el singular palacete, donde iban a tener cabida seis de las doce viviendas de lujo previstas, para restablecer la «legalidad urbanística» y cumplir con las condiciones de la licencia otorgada.

En el dictamen se expone que la paralización del proyecto está motivada porque «se han ejecutado trabajos de derribo no autorizados sin la aprobación previa de los técnicos municipales, del preceptivo replanteo y la adopción de las medidas de seguridad y cierre de la parcela».

Además, el entonces portavoz jeltzale en el Ayuntamiento, Inaxio Uriarte, ocultó en la declaración de bienes e intereses su participación en esta iniciativa inmobiliaria. Tras conocerse su implicación fue relegado de su puesto, al igual que Irantzu Uriarte, que también fue cesada de la Junta de Gobierno municipal.