Catorce meses después de que comenzaran las matanzas en Gaza y nueve meses después de la petición de la Fiscalía, el Tribunal Penal Internacional (TPI) dictó sendas órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

Los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Netanyahu y Gallant como «responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos».

Además, también se les considera responsables como «superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil» en la Franja de Gaza.

La Corte de La Haya ordenó también la detención del jefe militar de Hamas, Mohamed Diab al-Masri, conocido como Abu Deif, después de que otros dirigentes islamistas señalados previamente, entre ellos Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, hayan muerto en los últimos meses en ataques israelíes. Con respecto a Deif, la Fiscalía indicó que continuaría recabando información sobre «su supuesta muerte», reivindicada por Israel en julio.

Los crímenes investigados irán desde el 8 de octubre de 2024 hasta el 20 de mayo de 2024.

La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la TPI sobre la situación en el Estado de Palestina, en general, y sobre los ciudadanos israelíes, en particular. Consideró, además, que los Estados «no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto».

«La Sala concluyó que Netanyahu y Gallant privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad», con graves consecuencias, «incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación».

En el caso de Hamas, la acusación incluye seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual, y cinco de lesa humanidad, incluidos «exterminio» y «asesinatos».

Tras conocer la noticia, Netanyahu sostuvo que «no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza», en la que ha provocado la muerte de cerca de 200.000 personas, según cálculos de fuentes médicas, extendido la hambruna y destruido prácticamente todo el territorio palestino y su habitabilidad futura.

Asimismo, auguró que «la decisión antisemita del TPI equivale al moderno juicio a Dreyfus -capitán del Ejército francés, judío, que fue primero condenado en 1894 por alta traición y luego absuelto-, y también terminará así».

«No cederé a la presión, no retrocederé y no me retiraré hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos fijados por Israel al inicio de la campaña», insistió, calificando al Tribunal como «enemigo de la humanidad».

También el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, tildó al TPI de «antisemita hasta la médula» y añadió que la respuesta debe ser la anexión de Cisjordania y la colonización en todo el país. Igualmente, la oposición israelí cerró filas en la defensa de Netanyahu.

Por su parte, Hamas celebró la decisión del TPI, considerando que «la Justicia internacional está con nosotros contra la entidad sionista». «El Estado ocupante se enfrenta a la verdad, contradice el concepto de justicia y choca con los valores humanos», destacó.

El TPI no tiene una fuerza policial para arrestar sospechosos, pero sus 125 Estados miembros, entre los que están Gran Bretaña y los países de la Unión Europea, tienen obligación de cooperar con la Corte. Ni EEUU ni Israel son parte de este Tribunal - al igual que Rusia, China, Cuba e Irak-, encargado de juzgar crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad y el único que no reconoce la inmunidad de un dirigente.

Las órdenes de detención quedan pues pendientes de su acatamiento por parte de los Estados miembros de la Corte y se suman a las dictadas contra otros líderes como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el expresidente de Sudán Omar al-Bashir.

En marzo de 2024, el TPI emitió una orden de detención contra Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania, que Moscú ha negado reiteradamente. Al-Bashir (1993-2019) es buscado por crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio en Darfur desde 2009. La decisión el TPI fue rechazada por la Unión Africana, la Liga Árabe, el Movimiento de Países No Alineados, Rusia y China.

MÁS MASACRES

Las órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant se conocieron al día siguiente de que el Ejército israelí perpetrara otra de las grandes matanzas en Gaza. Al menos 88 personas murieron en el norte de la Franja, 66 de ellas en un bombardeo contra un barrio en las proximidades del Hospital Kamal Adwan, en Beit Lahia. La mayoría eran mujeres y niños, y el bombardeo dejó también decenas de heridos y desaparecidos.

El director del hospital, Hosan abu Safiya, calculó alrededor de 200 personas en el lugar del ataque, entre muertos, heridos y desaparecidos bajo los escombros. El personal médico tuvo que sacar con sus manos los cuerpos de entre las ruinas y recordó que tienen que atender a los supervivientes con el sistema de salud colapsado. «No podemos proporcionar nada y todos nuestros llamamientos son en vano. El hospital se convertirá en una fosa común si no hay una intervención urgente de las instituciones internacionales y no se introducen suministros médicos», lamentó.

El centro fue asaltado por tropas israelíes en octubre, en una operación en la que arrestaron a más de 40 pacientes y personal médico, además de bombardear sus generadores de oxígeno.

Israel mató a otros 22 palestinos, incluidos diez niños, en otro ataque contra un edificio de viviendas en el distrito Seij Radwan, en la ciudad de Gaza, y siete personas más en el bombardeo contra tiendas de campaña de personas desplazadas en Al-Mawasi.

El cirujano estadounidense Nabeel Rana, quien estuvo trabajando en hospitales del centro y sur de Gaza todo el mes de octubre, describió estos ataques israelíes indiscriminados contra la población civil, quirófanos improvisados y familias con todos sus miembros heridos de metralla: «Esos bombardeos contra escuelas dejan niños en pañales con las extremidades arrancadas, el abdomen abierto y la cabeza destrozada. Lamento ser tan gráfico, pero eso es lo que vemos todos los días».

Coincidiendo con el Día Mundial del Niño, el miércoles las autoridades palestinas informaron de que Israel ha matado ya a 17.500 menores y miles más siguen desaparecidos entre toneladas de escombros. Entre las muertes verificadas, hay 710 bebés que nunca llegaron a cumplir su primer año de vida.

Aplicar la orden, ignorarla o «invadir La Haya»

La UE, el Estado francés, Irlanda, Países Bajos, Colombia, Jordania o Sudáfrica -que presentó una acusación de genocidio contra Israel el pasado 29 de diciembre ante la Corte Internacional de Justicia- fueron los primeros en respaldar la orden del TPI para detener a Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant.

Sudáfrica aplaudió «un paso significativo hacia la justicia por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Palestina». «No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de Justicia y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada», sostuvo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aunque en el seno de la UE las opiniones son muy diversas. Entre quienes se mostraron dispuestos a aplicarla destacó Países Bajos, cuyo ministro de Exteriores, el liberal conservador Caspar Veldkamp, aseguró que si Netanyahu «pisa suelo neerlandés, será arrestado». Más ambiguo fue el Ministerio francés de Exteriores, que apoyó la actuación de la Corte, pero evitó comprometerse a detener a Netanyahu porque «es una cuestión jurídicamente compleja. (...) Es una situación que debe tratarse con muchas precauciones».

En el otro extremo, EEUU rechazó «categóricamente» la decisión y la Casa Blanca sostuvo que el TPI «no es competente jurídicamente en este asunto», algo que el propio Tribunal ha rebatido. Además, estudia su respuesta junto a Israel. La propuesta más radical fue la del senador republicano Tom Cotton, que invocó la ley que autoriza al presidente de EEUU a «utilizar todos los medios necesarios» para liberar a estadounidenses o aliados detenidos por la Corte, conocida como «el Acta de Invasión de la Haya», porque permite el uso de la fuerza militar para hacerlo.

Hungría, Paraguay y Argentina también levantaron la voz en favor de los sospechosos de perpetrar crímenes de guerra y dispararon sus críticas contra el TPI. GARA