La Policía Federal de Brasil ha acusado al expresidente Jair Bolsonaro y a decenas de sus aliados de los delitos de abolición violenta del Estado de derecho, intento de golpe de Estado y organización criminal para seguir en el poder tras las elecciones de octubre de 2022, que ganó Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo triunfo Bolsonaro tardó días en reconocer mientras se intensificaban las protestas de sus seguidores.

El informe de más de 800 páginas elaborado en casi dos años de investigación policial será entregado al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, encargado del proceso. Además de Bolsonaro, han sido señalados su ministro de Defensa, Walter Braga Netto; el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem; el exjefe de Seguridad de la Presidencia Augusto Heleno Ribeiro y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. En total, 35 personas acusadas de intento de golpe de Estado, cargo que acarrea penas de hasta 12 años de cárcel; pertenencia a banda criminal, con hasta 8 años de prisión; y abolición violenta del Estado de derecho, con máximas de 8 años.

La Policía sostiene que se trata de una trama de desinformación para atacar a las instituciones y cuestionar la fiabilidad del proceso electoral, e incitar a los militares a levantarse en armas. También se investiga la financiación de estas acciones y el uso ilegal de la agencia de Inteligencia.

La investigación detalla cómo el núcleo cercano de Bolsonaro se reunió con los altos mandos militares, dos de los cuales se opusieron a la trama. Los entonces comandantes del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, y de la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior, afirmaron ante la Policía que el plan contaba con el visto bueno de Bolsonaro.

La Policía asegura que hay indicios de que Bolsonaro participó en la redacción del decreto con el que se pretendía frenar el traspaso de poder.