A finales de mes caduca el real decreto ley que estipula que una familia en régimen de alquiler no puede ser desahuciada de su vivienda si acredita una situación de vulnerabilidad por la cual no tenga otra alternativa habitacional.

La norma, aprobada por el Gobierno español en 2020 -el primer año de la pandemia- fue prorrogada en 2023. En el caso de los deudores hipotecarios, esta medida está en vigor hasta mayo de 2028.

Stop Desahucios se concentró ayer en Donostia para exigir que se alargue al menos hasta diciembre de 2025. Lo hizo ante la sede del Gobierno de Lakua, para recordar que el parque de alquiler social sufre «un déficit crónico», con 27.720 viviendas para 78.475 demandantes.

En la protesta estuvieron algunas de las 183 familias vulnerables de Donostia, Irun y Errenteria -tres de los municipios que se han declarado tensionados- sobre las que pesan demandas de desahucio por impago de rentas o finalización de sus contratos.

OTROS FACTORES

Rosa García, portavoz de la plataforma, apuntó que junto al déficit en la oferta, hay factores como «el insoportable aumento de los precios», «la tardanza inexplicable en declarar definitivamente tensionados» los municipios que así lo han solicitado o «la ausencia de regulación que frene la campaña para desviar los contratos reglados de cinco años a contratos temporales o a pisos turísticos».

En cuanto a los ayuntamientos, pidió que se aplique un canon a las viviendas vacías y una moratoria en la concesión de licencias a las viviendas turísticas.