Su «gran capacidad de compromiso» o su «contribución a la consolidación del Gobierno Vasco» fueron algunos de los aspectos remarcados anoche al recordar la figura de Mario Fernández, abogado mercantil de amplia trayectoria política y económica que falleció ayer a los 81 años.

El abogado y banquero bilbaino, que llevaba años retirado de la vida pública, dio el salto a la política en 1980 como vicelehendakari del Gobierno de la CAV con Carlos Garaikoetxea como lehendakari. Con la escisión de Eusko Alkartasuna siguió a Garaikoetxea, aunque abandonó pronto la política. Pasados unos años se produjo el acercamiento de nuevo al PNV, al que no llegó a afiliarse, cuando apoyó al entonces lehendakari Juan José Ibarretxe en unas elecciones autonómicas.

Tras dejar el Ejecutivo volvió a su trabajo como abogado mercantil, una profesión en la que destacó, y fue el asesor que dirigió la fusión del Banco Vizcaya y el Banco Bilbao, que dio lugar al BBV.

Tras salir de este banco, pasó al despacho Uría y Menéndez y no volvió a la banca hasta que el PNV le propuso como presidente de BBK, en sustitución de Xabier de Irala, para intentar la fusión con la guipuzcoana Kutxa y la alavesa Vital, fracasada unos años antes y que finalmente él consiguió en 2012 para crear Kutxabank, que presidió.

Después de un polémico proceso tras una propuesta «llena de mentiras», en el que se abría la puerta a la privatización y a la pérdida de la Obra Social de las cajas, según denunció públicamente la izquierda abertzale, la nueva entidad arrancó también con críticas después de que el PNV y el PP se hicieran con el control, marginando a Bildu y PSE.

SALIDA Y CONDENA

Dos años después, dejó el banco por desavenencias con la estrategia a seguir, ya que era partidario de dar entrada a inversores privados para cumplir las directrices del BCE tras la crisis de las cajas españolas, en contra del criterio del PNV.

En 2017 fue juzgado y condenado por apropiación indebida por haber pagado 240.000 euros de Kutxabank, que devolvió, al entonces anterior delegado del Gobierno español en la CAV, Mikel Cabieces (PSE), para realizar trabajos ficticios como asesor jurídico.

Su recurso fue desestimado por el Tribunal Supremo, que agravó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia. Atendiendo al recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, a la pena de seis meses de prisión por un delito de «apropiación indebida», le sumó la «inhabilitación especial para el cargo de administrador de sociedades mercantiles y para el ejercicio del comercio durante el tiempo de la pena privativa de libertad».

Mario Fernández, que tras la sentencia del Supremo tuvo que dimitir en 2018 como consejero de Repsol, siempre sostuvo que su actuación fue «legal y ética y siempre en defensa de los intereses» del banco.