El Gobierno español y sus aliados de investidura, salvo PNV y Junts, pactaron ayer prorrogar a 2025 el gravamen sobre las grandes energéticas para evitar que decaiga el próximo día 31, aunque el Ministerio de Hacienda confía en lograr un acuerdo que permita aprobar un impuesto permanente con incentivos a la descarbonización. Representantes de Hacienda y los socios parlamentarios del Ejecutivo de Pedro Sánchez se reunieron ayer en el Congreso de Madrid para abordar el futuro del impuesto, un encuentro al que asistieron el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y representantes de Podemos, ERC, Sumar, EH Bildu y BNG. PNV y Junts no acudieron.

Fuentes conocedoras de la reunión explicaron que antes de final de año el Gobierno aprobará un real decreto ley por el que se prorrogará el actual gravamen energético un año más, de manera que afectará al ejercicio 2025 (que se liquidará en 2026), aunque este decreto necesita salvar la oposición de PNV y Junts para su convalidación.

Al margen de esta prórroga, fuentes de Hacienda señalaron que confían en sacar adelante un impuesto energético permanente -lo que exige una ley y, por tanto, una tramitación más larga-, a pesar de que las posiciones de sus socios están muy alejadas.

Para evitar mayor crispación y avanzar hacia un acuerdo positivo para la ciudadanía, señaló Hacienda, sería necesario «que los grupos renuncien a posiciones maximalistas y acerquen posturas». Su objetivo es que el futuro impuesto permita al mismo tiempo incrementar la contribución de las empresas energéticas al estado de bienestar y mantener deducciones e incentivos a la descarbonización y la inversión en electrificación.

AUSENCIA DE PNV Y JUNTS

La reunión entre Hacienda y partidos, que se celebró en dependencias del grupo del PSOE, se prolongó poco más de una hora, pero no contó con la presencia ni de PNV ni de Junts, cuyos votos son necesarios tanto para convalidar la prórroga del gravamen, que se haría vía real decreto ley, como para aprobar el futuro impuesto a las energéticas.

Esta ausencia se produjo a pesar de que el Gobierno se comprometió con Podemos a que estarían presentes, aunque el portavoz jeltzale, Aitor Esteban, ya advirtió entonces que su grupo no participaría en esa negociación, que ayer calificó de «paripé». Para Podemos, este incumplimiento revela la «falta de compromiso del Gobierno con el impuesto a las energéticas» y volvió a exigir al PSOE que «cumpla el acuerdo alcanzado» con ellos hace tres semanas, al tiempo que recalcó que «en este contexto no se dan las condiciones siquiera para comenzar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado».

El gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas se aprobó con el objetivo de paliar los efectos de la crisis energética, inicialmente para dos años, 2022 y 2023, aunque posteriormente se prorrogó uno más, 2024, que se liquidará en 2025. En 2024 ha recaudado 1.164 millones.

La permanencia de este gravamen ha abierto una brecha entre los socios parlamentarios del Gobierno -PNV y Junts lo rechazan, mientras que, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG exigen convertirlo en un impuesto permanente- que ha llegado incluso a poner en peligro la aprobación de su paquete fiscal.