El Ministerio español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las grandes empresas que gestionan y administran cientos de viviendas turísticas, ya que podrían estar incurriendo en «prácticas engañosas» y en otras infracciones de la normativa que protege a los consumidores.

Esta nueva investigación, según fuentes del Ministerio, se centra en operaciones de pisos turísticos que, aún teniendo licencia, podrían estar siendo gestionados de forma irregular por empresas de intermediación.

Por «prácticas engañosas» se entiende cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico.

La misma ley menciona algunos supuestos que se considerarían engañosos, como por ejemplo afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario, es decir, como un particular.

OTRAS DOS LÍNEAS ABIERTAS

Esta es una nueva investigación que se añade a otras líneas en curso desde hace meses por la publicidad de los pisos turísticos sin licencia y también por el cobro de comisiones irregulares por parte de las grandes inmobiliarias.

El ministro Pablo Bustinduy manifestó ayer que «la perversión de algunos modelos de negocio de los alojamientos turísticos está cercenando el derecho a la vivienda en España. No puede ser que haya unos pocos que se enriquezcan mientras las familias viven al límite con la vivienda, ni que haya instituciones que reconozcan abiertamente que el 90% de los pisos turísticos en su territorio operan ilegalmente y no hagan nada al respecto».

Bustinduy insistió en que «hay que poner coto a un modelo de negocio de los pisos turísticos que está vaciando nuestras ciudades», y recordó que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya ha anunciado que en breve presentará una serie de medidas en relación a estos pisos.

Sin desvelar el número de empresas a las que se estaría investigando, sí avanzó que de demostrarse estas prácticas ilegales estarían castigadas con sanciones contempladas en la ley de defensa de los consumidores, y que las multas irían en relación a los beneficios ilícitos obtenidos y dependerían de los tipos de faltas.