Cuando está a punto de cumplirse un año del mandato de Bernardo Arévalo, la Justicia le ha arrebatado su partido político, que ya llevaba varios meses suspendido. Ahora ha ido más allá y el juez Fredy Orellana, incluido desde el 2023 en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos, ha dado la estocada final al Movimiento Semilla. Para ello, atendió a la solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuyo jefe, Rafael Curruchiche, también está sancionado por el Departamento de Estado de EEUU por «obstruir las investigaciones de actos de corrupción y presentar denuncias aparentemente espurias».

En concreto, Orellana decretó la «cancelación definitiva de la personalidad jurídica» del Movimiento Semilla, tras cuatro sentencias condenatorias por supuestas irregularidades en el proceso electoral, aunque el caso está bajo reserva, por lo que se desconoce el motivo de la persecución judicial contra el partido que arrasó en los comicios de 2023. El juez basa su resolución en la condena a un año de prisión de la exdirectora del Instituto de la Víctima de Guatemala y exdiputada de Semilla, Ligia Hernández, quien el 11 de noviembre aceptó haber cometido delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos.

No fue la única en admitir haber incurrido en acciones delictivas. Otras tres personas relacionadas con la misma causa judicial que investiga anomalías en los comicios que ganó Bernardo Arévalo, quien tomó posesión el 14 de enero, aceptaron cargos. Se trata del oficinista del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Alejandro Rueda, quien aceptó haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, y las empleadas del TSE Jennyfer Mireya Estrada y Katherine Johanna Quezada, quienes se declararon culpables de incumplimiento de deberes.

En virtud de estas sentencias condenatorias, el juez Orellana envió sendos escritos al TSE y a la Asamblea Legislativa para informarles de su resolución, que ordena la cancelación del Movimiento Semilla. Al día siguiente, el Registro de Ciudadanos del TSE acató la orden y procedió a la cancelación definitiva de la personalidad jurídica de la formación. Este partido fue suspendido un mes después de ganar la segunda vuelta electoral, lo que se tradujo en que sus 23 diputados fueran declarados independientes, impidiéndoles formar parte de la Junta Directiva y de las Comisiones. La FECI había pedido inhabilitar este partido desde que se conoció su pase a la segunda vuelta, tras los comicios del 25 de junio, si bien la Ley Electoral y de Partidos Políticos lo impidió, permitiendo que continuara en la contienda electoral.

PERSECUCIÓN JUDICIAL

El culebrón judicial comenzó con una investigación tras una denuncia por supuestas firmas falsas y rúbricas de personas fallecidas al constituirse Semilla como fuerza política en 2018. El 12 de julio de 2023, cuando el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta y anunció que Arévalo disputaría la Presidencia, el juez Orellana ordenó la suspensión jurídica de Semilla, aunque entonces el director del Registro de Ciudadanos de TSE se negó a cumplir la orden alegando que iba en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En esa ocasión, la Corte de Constitucionalidad también frenó la resolución del juez tras un amparo provisional de Semilla, lo que permitió a Arévalo concurrir a la segunda vuelta. Sin embargo, después de la victoria, el 31 de octubre, el TSE tuvo que dar cumplimiento a la suspensión del partido ganador.

La cancelación definitiva ha colmado la paciencia de sus dirigentes, hasta el punto de presentar un recurso de apelación ante el TSE y una denuncia contra el juez, a quien acusan de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones. El diputado de Semilla Samuel Pérez tacha a Orellana de «sicario, criminal y mercenario» por cancelar «ilegalmente» a Semilla. «Estamos muy tranquilos y creemos que quien debería preocuparse es él porque lo que hizo fue un acto kamikaze en el cual cometió varios delitos y vamos a procurar que no queden en la impunidad», advirtió, al tiempo que consideró que «es un juez vendido que, seguramente, recibió altas cantidades de dinero para poder hacer esto».

La víspera de que el juez ordenara la cancelación de Semilla, la Asamblea Legislativa aprobó, a iniciativa de este partido, reformar el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para evitar que se puedan suspender fuerzas políticas. Ello no evitó la muerte política de la formación que llegó al Gobierno de Guatemala con la promesa de instaurar una nueva «primavera» que, de momento, no ha terminado de florecer por los obstáculos de la fiscal general, Consuelo Porras, enfrentada con Bernardo Arévalo.