No está escrita la última palabra en torno al gravamen temporal a las energéticas a la vista de los pasos dados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cuando PNV y Podemos volvieron ayer mismo a expresar su oposición a su prolongación, el Gobierno español aprobó, en el último Consejo de Ministros del año, un real decreto en el que lo extiende a 2025 con la novedad de establecer unas deducciones vinculadas a inversiones para avanzar en la descarbonización y en la transición ecológica. Además, ha acordado transformarlo en un impuesto concertado con las haciendas forales vascas, por lo que la pelota queda ahora en el tejado de PNV, Junts y Podemos.

No se aportaron muchos más detalles, aunque no hay duda de que los habrá, ya que el real decreto debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días. En rueda de prensa, Pedro Sánchez explicó que la norma introduce «un incentivo fiscal» para que las inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización se puedan deducir del impuesto.

«Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde», expuso el presidente español.

«Este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas en la medida en que establecemos este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética», señaló en referencia a las diferencias que este gravamen ha generado entre los socios de investidura.

«Somos muy conscientes de cuál es la complejidad del Parlamento pero salimos a ganar, con humildad, pero salimos a ganar y evidentemente no damos un balón por perdido», afirmó Pedro Sánchez en referencia al reto al que se enfrentan en este asunto.

Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que al impuesto no se opone porque su gestión correspondería a las haciendas forales.

EH Bildu confirmó que el gravamen aprobado se transformará en un impuesto que será concertado con las instituciones vascas, tal y como habían acordado. «Este acuerdo garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de esta medida, fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco», manifestaron.

Los soberanistas de izquierda consideran que este paso «supone una medida de justicia fiscal respaldada por la ciudadanía vasca, ya que asegura que las grandes empresas energéticas paguen lo que les corresponde».

LLAMAMIENTO DE EH BILDU AL PNV

EH Bildu entiende que no existe una «razón válida» para que fuerzas políticas vascas se opongan a este medida. Por ello, instó al PNV a «abandonar las excusas y a apoyar la convalidación del decreto».

«No convalidarlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales, un ingreso fundamental para garantizar servicios públicos y políticas sociales en nuestro territorio. Quien rechace esta medida deberá dar explicaciones claras a la sociedad vasca», advirtieron.

Antes de que se acordase esa medida en Consejo de Ministros, tanto PNV como Podemos mostraron su rotundo rechazo a la prórroga. El portavoz jeltzale en la Cámara Baja, Aitor Esteban, reiteró en entrevista en Radio Euskadi su oposición a este gravamen por «romper el sistema de Concierto», aunque consideró que el propio Gobierno sabe que no saldrá adelante.

A su vez, la coportavoz de Unidas Podemos Isa Serra acusó al Ejecutivo de incumplir el acuerdo para crear un impuesto permanente a las grandes empresas energéticas, y adelantó que «no apoyaremos» su convalidación.

«Llegamos a un acuerdo con el PSOE para un impuesto permanente a las grandes empresas energéticas, que son las que más contaminan y que tienen unos beneficios extraordinarios», recordó Serra.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONCIERTO

Por otra parte, ayer por la mañana se reunió la Comisión Mixta del Concierto Económico que adoptó por unanimidad trece acuerdos. Entre ellos, la concertación de tres nuevos impuestos acordados en el Congreso el pasado jueves. Desde Lakua destacaron «que las instituciones vascas tendrán autonomía normativa en el Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud (Directiva Pilar Dos), adaptar la regulación de este impuesto a la realidad y necesidades de Euskadi».

Además, se acordaron los objetivos de déficit y deuda para las instituciones vascas para el periodo 2024-2027, que el lehendakari explicó que será del 0,3% para el Gobierno de Lakua y del 0,1% para las diputaciones. Pradales destacó que esto «garantiza una mayor estabilidad y seguridad para la elaboración de las cuentas públicas del conjunto de administraciones vascas para los próximos ejercicios».

Entre los acuerdos alcanzados también se encuentra «la participación de Euskadi en diversas dotaciones extraordinarias en el ámbito de la educación, por un importe total de más de 50 millones de euros», según apuntó el Departamento de Hacienda y Finanzas en una nota.