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MIGRACIÓN

30 personas murieron al día en 2024 tratando de llegar al Estado español

Durante el año 2024, un total de 10.547 personas han muerto mientras intentaban alcanzar las costas del Estado español, según recoge un informe elaborado por Caminando Fronteras. Es la mayor cifra desde que este colectivo realiza el recuento y suponen una media de casi 30 fallecidos al día. Asimismo, han desaparecido 131 embarcaciones con todos sus ocupantes dentro.

Migrantes en el puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro, el pasado 26 de agosto.
Migrantes en el puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro, el pasado 26 de agosto. (Antonio SEMPERE | EUROPA PRESS)

Un total de 10.457 personas perecieron en este 2024 en su intento de llegar a las costas del Estado español, lo que supone una media de casi 30 óbitos al día y un incremento del 58% respecto al año anterior, según el balance anual que el colectivo Caminando Fronteras hizo público ayer.

Se trata de una cifra récord desde que esta organización comenzó a investigar las desapariciones de migrantes en el mar de camino al Estado español. Este dato, además, refleja el notable aumento de los fallecidos en los últimos años, pues ya en 2023 los 6.618 muertos casi triplicaban los registrados un año antes.

Respecto al año que ya acaba, Caminando Fronteras subraya que del total de personas que perdieron la vida, 421 eran mujeres y 1.538 niños o adolescentes, y recalca que la ruta atlántica hacia las islas Canarias «se mantiene como la más letal a nivel mundial», con 9.757 víctimas, es decir, el 93% de quienes intentaban llegar al Estado español.

Mientras, otras 517 muertes se produjeron en la denominada ruta argelina, 110 en el Estrecho de Gibraltar y 72 en la ruta del mar de Alborán.

131 BARCOS DESAPARECIDOS

El informe titulado “Monitoreo Derecho a la Vida 2024”, cerrado el 15 de diciembre y que detalla 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas migratorias, ofrece también otro dato relevante: 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro, con todos los migrantes que llevaban a bordo.

También recalca el «notable aumento» en este año de salidas desde Mauritania, un país que «se ha consolidado como principal punto de cruce migratorio» hacia las islas Canarias. En esta ruta se produjeron 6.829 muertes.

Además, recuerda que la ruta argelina hacia Balears también está considerada como una de las más peligrosas debido a su longitud y la dificultad del trayecto, como lo es igualmente, dentro de la ruta atlántica, la que acaba en la isla canaria de El Hierro.

Por meses, abril fue el que registró más muertes, con 1.284, por delante de mayo (1.103) y de febrero (1.093).

Esos 10.457 fallecidos que Caminando Fronteras ha contabilizado pertenecían a 28 nacionalidades diferentes: Argelia, Bangladesh, Burundi, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea-Bisáu, Guinea-Conakri, Irak, Comores, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Somalia, Senegal, Sierra Leona, Siria, Sudán, Túnez y Yemen.

AUMENTO DE LOS NAUFRAGIOS

La ONG analiza las causas del aumento de los naufragios y entre ellas apunta directamente hacia la omisión del deber de socorro. En este sentido, asegura que «la falta de activación oportuna de los protocolos de rescate y la escasez de recursos en las operaciones de salvamento han incrementado las muertes».

Advierte, además, de que se prioriza el control migratorio sobre el derecho a la vida, ya que las políticas migratorias se centran en evitar la llegada de personas migrantes, «incluso a costa de vidas humanas», por lo que aumentan tanto el número de naufragios como el de desapariciones.

También subraya como otra causa de ese incremento la externalización de fronteras. «La responsabilidad del rescate se traslada a países con recursos limitados, empeorando la capacidad de respuesta ante estas emergencias», indica el informe.

Añade que muchos rescates «no se activaron a tiempo», incluso cuando se conocían las ubicaciones de las embarcaciones en riesgo. «La falta de coordinación internacional y las demoras en la ayuda fueron determinantes para que se den estas cifras tan devastadoras», recalca.

La ONG cree también que la «criminalización y estigmatización» de organizaciones sociales y de familiares que alertan sobre personas en riesgo afecta a la eficacia de las operaciones de rescate.

Y enumera una última causa: las condiciones de extrema vulnerabilidad que se traducen en el uso de infraembarcaciones precarias, la escasez de agua, comida y de materiales de navegación, y las condiciones meteorológicas adversas que dificultan el trayecto.

Ante todo ello, Helena Maleno, coordinadora de la investigación, alerta del «fracaso profundo» de los sistemas de rescate y protección, y urge a que «se priorice la protección del derecho a la vida, se refuercen las operaciones de búsqueda y rescate, y se garantice la justicia para las víctimas y sus familias».

El informe hace hincapié en la presencia de mujeres en las rutas migratorias, con el porcentaje más alto en los cruces de las atlánticas, especialmente en las neumáticas entre Agadir (Marruecos) y Dajla (Sahara Occidental).

Estas mujeres, en su mayoría en tránsito, «enfrentan violencia, discriminación, racismo, deportaciones y violencia sexual», asegura el informe, que precisa que muchas viajan con hijos nacidos en el trayecto y sobreviven en condiciones extremas a través de la mendicidad, la prostitución y trabajos precarios, lo que las hace más vulnerables a la captación por redes de trata.

También se ha registrado un incremento en el número de mujeres que viajan en cayucos desde las costas de Senegal, Gambia y Mauritania, huyendo muchas de ellas de conflictos bélicos y del impacto del cambio climático.

Ha crecido asimismo la presencia de mujeres hacia Illes Balears, procedentes de África Central y Occidental, que atraviesa Libia y Túnez.

Caminando Fronteras ha constatado también un aumento de la presencia de niños, niñas y adolescentes en las rutas migratorias atlánticas, el Estrecho y hacia Balears, y denuncia «la desprotección y la falta de garantías por parte de las autoridades», siendo utilizado como «moneda de cambio política».