La Diputación de Gipuzkoa aprobó ayer en su Consejo de Gobierno extraordinario el proyecto de norma de la reforma fiscal. «Las medidas que aborda la reforma fiscal tienen como objetivo avanzar en la progresividad del sistema tributario, al mismo tiempo que buscan contribuir a dar respuesta desde la fiscalidad a los desafíos identificados en el seno de la ponencia de la reforma fiscal celebrada en las Juntas Generales de Gipuzkoa durante el primer semestre de 2024», señaló.

El documento aprobado recoge iniciativas fiscales en torno a la vivienda, la demografía, el nuevo modelo de cuidados, la sostenibilidad de las pensiones, la atracción de talento, la competitividad y la innovación, la reducción de niveles de desigualdad, la igualdad de género, la conciliación, la fiscalidad verde y el comercio local.

Aspectos que fueron tratados por más de 60 expertos vascos e internacionales y agentes locales conocedores de la idiosincrasia del territorio, quienes, con su conocimiento y experiencia, en palabras de la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, «han enriquecido el diseño de esta propuesta».

La propuesta será ahora discutida en las Juntas a partir de enero y sometida a votación durante el primer trimestre de 2025. El proyecto se ha trabajado de manera armonizada con Bizkaia y Araba.

El documento recoge los retos identificados en distintos bloques. Bajo el epígrafe de “Familia, igualdad, conciliación, mujer y juventud” se contempla que la obligación de declarar el IRPF se eleva hasta los 19.000 euros anuales, superior al Salario Mínimo Interprofesional, que en 2024 se sitúa en 15.876 euros.

Se apuesta por la discriminación positiva de la mujer incrementando determinados porcentajes de deducciones y reducciones en aras de fomentar su participación en el tejido empresarial y económico.

Hay nuevas deducciones personales y familiares, por ejemplo, para la reincorporación al mercado laboral tras el cuidado de menores de tres años, de 1.200 euros para las mujeres y 1.500 para los hombres (discriminación positiva).

En materia de vivienda se favorece el impulso al arrendamiento, potenciando los incentivos fiscales para incrementar la oferta de alquiler asequible. Para ello se mejora el tratamiento fiscal de la persona arrendadora en el caso de que la vivienda se destine a ser la habitual de la persona inquilina. En el caso de los y las arrendatarias, se aumenta el porcentaje de deducción aplicable para ciertos colectivos.

REHABILITACIÓN

Se favorece la emancipación juvenil facilitando el acceso a la adquisición de vivienda habitual, y se permitirá que la persona propietaria pueda practicar la deducción por rehabilitación de vivienda protegida siempre que se destine a arrendamiento de vivienda habitual.

Con el objetivo de avanzar en la complementariedad de la pensión publica, las diputaciones fomentarán los sistemas de previsión social complementaria de empleo preferentes (EPSVs).

En cuanto a la denominada «fiscalidad verde», se establecen nuevas deducciones por obra de mejora de la eficiencia energética de las viviendas, tanto habitual como arrendada, para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, la mejora en el consumo de energía primaria no renovable o la rehabilitación energética de edificios.

Se proponen deducciones del 5% o del 10% en el IRPF por la compra de vehículos nuevos de cero emisiones y del 15% por el establecimiento de puntos de recarga.

También se plantean deducciones en el Impuesto de Sociedades por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medioambiente o la economía circular, y un aumento de las deducciones en I+D relacionadas con las nuevas fuentes de energía.

En el caso de las microempresas, la reforma fiscal consolida, en general, los forfaits (gastos de difícil justificación) ya existentes en las actividades agrícolas, ganaderas y en el transporte de mercancías y se establece uno nuevo del 40% para el régimen de artistas. Asimismo, se consolida el forfait para las microempresas en el 15%.

En el caso de las micros y pequeñas empresas se elimina el límite del 70% de la base imponible positiva previa para la compensación de las bases imponibles negativas.