Un equipo conjunto de investigación anunció ayer que ha solicitado una orden de detención contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, destituido momentáneamente de sus funciones, por su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre después de que el mandatario haya ignorado tres citaciones para ser interrogado.

El anuncio supone la primera vez en la historia democrática del país en que un presidente aún en el cargo encara la posibilidad de ser detenido.

Yoon fue destituido el 14 de diciembre por la Asamblea Nacional, lo que lo ha despojado de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.

La petición de arresto fue presentada en torno a la medianoche del domingo ante un tribunal del Distrito Oeste de Seúl, según explicaron a los medios representantes del mencionado equipo, que integra a la oficina anticorrupción, a la Policía y a la unidad de investigación del Ministerio de Defensa Nacional.

La solicitud alega que Yoon lideró una insurrección y abuso de su cargo al declarar el estado de excepción el 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al Ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión para revocarla. Los parlamentarios finalmente lograron votar en contra de la ley marcial, aparentemente gracias en parte a la negativa de mandos militares intermedios a cumplir órdenes, lo que obligó al presidente a rescindir el estado de excepción a las pocas horas de decretarla.

La Fiscalía sostiene que Yoon autorizó a los militares a abrir fuego para entrar en el Parlamento durante su intento de imponer la ley marcial.

Yoon, que tiene prohibido abandonar el país, ha negado las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un «acto de gobernanza» que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar a Corea del Norte.

El delito de insurrección es el único en el que no prevalece la inmunidad en Corea del Sur, que lo castiga, en el caso de aquellos a los que se considera líderes de un levantamiento, con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual existe una moratoria desde 1997).

Los abogados de Yoon anunciaron que presentarán un escrito de protesta y recordaron que técnicamente solo la Fiscalía puede solicitar una orden de arresto preventivo en el país asiático.

El equipo de investigación, que está escrutando a Yoon en paralelo con la Fiscalía, pidió también al tribunal una orden de registro para la Oficina Presidencial y el llamado refugio de seguridad presidencial, ante los problemas que el servicio de seguridad presidencial ha impuesto para recabar evidencias.

Los protocolos de seguridad de Jeju Air, bajo la lupa

Un día después del accidente del vuelo 7C2216 en Corea del Sur, el escrutinio sobre los protocolos de seguridad de la compañía operadora, Jeju Air, o el diseño del entorno de pista del aeropuerto donde se produjo la tragedia aumentó, centrado en el muro contra el que chocó la aeronave y las revisiones de seguridad de la aerolínea, ya que el avión accidentado realizó 13 vuelos en sus últimas 48 horas. Jeju Air registró hasta ayer 67.000 cancelaciones a raíz del siniestro.

Además, el que la misma variante del avión accidentado, un 737-800 operado por la neerlandesa KLM, sufriera el domingo un problema en el sistema hidráulico ha situado de nuevo el foco sobre su fabricante, Boeing, que está implementando un duro programa de reestructuración, pero los expertos recuerdan que el 737-800 es un modelo de gran éxito con buenos registros en materia de seguridad.GARA