María Chivite celebró ayer que en el primer año de legislatura se han puesto en marcha el 87,2% de los 347 compromisos del acuerdo de Gobierno. «De estos, 16 ya han sido completados», concretó. En el plano normativo, indicó que «hasta diciembre se han reportado 85 normas, de las cuales 17 ya están publicadas y 63 continúan en proceso de tramitación».

En su discurso ante los consejeros y directores generales, la presidenta reconoció que «sufrimos las consecuencias de la globalización y la deslocalización de empresas, aunque seguimos siendo la comunidad con el mayor PIB indus- trial de España y uno de los más altos de Europa».

«Nuestro ecosistema industrial, con doce centros tecnológicos y de investigación, así como la fortaleza de nuestras universidades y formación profesional, nos posiciona como la tercera región más competitiva de España», apuntó.

La lehendakari se extendió sobre el ámbito sanitario, diciendo ser «consciente de que sigue habiendo 61.000 personas esperando para una primera consulta en la lista de espera especializada». «Sin embargo, es importante reconocer el esfuerzo de los profesionales sanitarios y del Departamento de Salud, que ha conseguido reducir la cifra en casi 5.000 personas respecto al año pasado», inistió.

También manifestó que resulta «evidente que nuestra actual ley de salud necesita reformarse y modernizarse», desde el «consenso para negociar una nueva ley que sea útil para la sociedad navarra».

Sobre la educación, apuntó que «es el primer eslabón de una sociedad equitativa», y defendió que Nafarroa es «la comunidad que presenta, de lejos, el menor índice de aban- dono escolar del país o la mayor empleabilidad de Europa de las personas tituladas en Formación Profesional».

La lehendakari citó además las obras de TAV, que «avanzan, con más de 400 millones en ejecución y otros 87 que se sumarán este semestre».

Sobre la segunda fase del Canal, anunció que este año se iniciarán las obras «que lleven agua de calidad a la Ribera, garantizando un sector agrario moderno, sostenible y nuevos desarrollos industriales».

Siguiendo el listado de asuntos, situó como una prioridad la «preocupación por la vivienda, su escasez y su precio», y propuso «medidas para que la ciudadanía tenga acceso a una vivienda asequible y de calidad». «Casi la mitad de las familias que viven de alquiler cuentan con apoyo público: 6.300 jóvenes y familias reciben ayudas para el alquiler, mientras que otras 5.300 ocupan viviendas públicas o de protección oficial», avanzó.