La petición se dirigió al Ayuntamiento de Iruñea, Gobierno de Nafarroa y Delegación del Gobierno español para una zona que «es un caldo de cultivo donde ocurren situaciones de conflicto, como el menudeo de estupefacientes», especificó Patxi Lasa, fundador y socio de París 365. Matizó que no piden «más presencia policial en la calle», pero defendió que «las instituciones que están implicadas en el tema de la seguridad ciudadana tienen que mover ficha para mejorar toda esta situación».

Apuntó que «somos conscientes de ella y llevamos más de un año trabajando con las vecinas y vecinos de nuestra calle para evitar que estas situaciones se trasladen a las puertas del comedor», una labor en la que han recibido «críticas», pero también «muchos apoyos por nuestra actividad y forma de trabajo».

Esa anómala coyuntura llevó a la Fundación Gizakia Herritar, responsable de dicha iniciativa solidaria, a anunciar este pasado miércoles que suspendía de manera provisional el servicio de cenas, pues «cada vez son más las personas que se juntan en la entrada del comedor solidario, en busca de una ayuda inmediata la mayoría de veces y para traficar con droga en algunos casos, especialmente durante los turnos de cenas».

Durante una comparecencia celebrada ayer, Lasa confirmó que esa clausura temporal se prolongará por espacio de unas 4-6 semanas, un periodo «de reflexión interna para mejorar los protocolos de seguridad de la organización». Durante ese tiempo, se mantendrán los turnos de desayunos y comidas, pero en estas últimas se distribuirán de manera provisional tuppers con las cenas, si bien, superada esta etapa, se volverá a ofrecer un servicio normalizado.

Lasa reflejó que desde París 365 se reconoce que ha habido «una mejora de algunos de los servicios y recursos que vienen prestando tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra a las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema que viven en nuestra tierra».

«Así lo acredita que se haya duplicado el número de plazas para personas sin hogar, el incremento de las partidas económicas de los servicios sociales en ambas instituciones, la convocatoria de 58 puestos de Trabajo Social por parte del Gobierno Foral o la creación de una Comisión de Buenas Prácticas en el Ayuntamiento de Pamplona», enumeró. También que se esté trabajando para impulsar «recursos, acciones e intervenciones» de cara a abordar «el fenómeno del sinhogarismo», agregó.

«NO SON SUFICIENTES»

Sin embargo, Lasa especificó que estos ejemplos «no son suficientes». «Hay que ampliar y cuidar mejor a las plantillas de servicios sociales, establecer protocolos participativos con entidades sociales y personas usuarias, destinar más recursos materiales y económicos en servicios y prestaciones para las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema y mejorar la coordinación entre los diferentes departamentos y áreas institucionales», demandó.

Por último, instó a las instituciones públicas a resolver «el grave problema de los menores no acompañados que, al cumplir los seis meses desde su salida de centros de acogida, se encuentran en la calle sin papeles, trabajo u otros recursos económicos para sobrevivir». «Nuestras políticas y políticos deben ser valientes. Tenemos que recordarles que están al servicio de las personas de nuestra comunidad, sobre todo de las más vulnerables. Deben anticiparse a las situaciones que se van a producir en los próximos años», concluyó.