Miles de personas participaron ayer en la manifestación convocada en Iruñea para reclamar la absolución de los siete vecinos de Baztan imputados por participar en 2021 en una acampada para exigir la paralización de las obras del macroproyecto de Aroztegia, entonces delarado ilegal, y para pedir que se detenga la construcción de un campo de golf, un hotel y viviendas de lujo en Lekaroz.

La movilización partió de la Audiencia de Iruñea, donde los siete procesados serán juzgados en mayo, tras producirse un retraso en la vista, prevista inicialmente para la semana que viene, por petición de la acusación.

El cortejo de la manifestación llenó por completa la avenida del Ejército, detrás de una pancarta en la que podía leerse “Lurraren defentsan. Kriminalizaziorik ez. Aroztegia gelditu!” que estaba precedida por un grupo de Erratzuko Damak, que lograron que el mensaje reivindicativo fuera atronador con sus bombos.

DE ITOITZ A AROZTEGIA

A la llegada a la plaza de la Paz, un grupo de personas vestidas de manera similar a los Solidarios con Itoitz que cortaron los cables de la presa del río Irati desplegaron una pancarta en la que podía leerse “Itoitzetik Aroztegiarat. Desobedientzia zibila”, y prendieron bengalas de colores. Curiosamente, uno de los participantes en el corte de los cables de Itoitz se encontraba en la cabecera de la manifestación.

Poco antes, en la confluencia de las avenidas de Pío XII y del Ejército, un grupo mostró imágenes de la acampada por la que los siete vecinos de Baztan están procesados. Al paso por este punto, los manifestantes corearon “Nik ere akanpatu nuen”.

En el acto que tuvo lugar al final de la manifestación, reclamaron la paralización de Aroztegia y la absolución de los imputados. «Nos quieren castigar por luchar por la vida. Quienes destrozan impunemente nuestra tierra nos llaman criminales y nos quieren encarcelar. ¿Criminales nosotros? ¿Quién es aquí el criminal? Quienes han empleado el PSIS para realizar un pelotazo urbanístico, apropiándose de tierras y de dinero público», acusaron.

PSIS y «grupo criminal»

En este sentido, recordaron la responsabilidad del Gobierno navarro en este proyecto mediante el PSIS, una figura que retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Baztan en Aroztegia. Además, señalaron que la promotora reclama 43 millones de euros por la paralización de las obras, además de las penas de prisión para los siete vecinos de Baztan.

Junto a ello, alertaron del peligro que supone que la acusación de «grupo criminal» se materialice para el movimiento popular de Euskal Herria. «Sabemos que esta oleada represiva no va solo en contra de los siete imputados de Aroztegia. Con este juicio quieren criminalizar todo el movimiento popular y tenemos que estar alerta ante ello», destacaron.

En este sentido, recordaron que a miembros de Araba Bizirik se les ha aplicado la Ley Mordaza y el caso de Ostia, al tiempo que hicieron un llamamiento a mostrar la solidaridad con los imputados en el juicio que tendrá lugar el próximo día 11 en Baiona.