Ni siquiera las afirmaciones del secretario de Estado de Transportes español, José Antonio Santano, han conseguido disuadir a UPN en su empeño de calificar como «sabotaje» la resistencia tanto pública como privada a facilitar el acceso a los terrenos correspondientes de Aralar para realizar los sondeos para determinar el trazado del TAV, si por Ezkio o por Gasteiz.

En esta ocasión, el intento de seguir presentando de tan torticera manera lo que está ocurriendo en Aralar ha corrido a cargo del diputado de la formación regionalista Alberto Catalán, quien ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre esta cuestión «después de que el Secretario de Estado de Transportes reconociera esta semana que están teniendo ‘muchos problemas para entrar en los terrenos’ y van a tener que ‘acudir a herramientas jurídicas que tiene la Administración’».

De esta manera, UPN hace referencia a las declaraciones de Santano a Radio Euskadi, en las que aseguraba que «tenemos que empezar las catas. No voy a ocultar que estamos teniendo muchos problemas para entrar en los terrenos, sean públicos o privados. Seguramente vamos a tener que utilizar algunas fórmulas jurídicas que tiene la Administración, de expropiaciones temporales de terreno, porque de otra manera se nos está dificultando mucho, se nos está impidiendo en algunos casos incluso poder acceder al territorio para hacer las catas, pero las haremos».

Es decir, esos «sabotajes» de los que habla insistentemente el partido de Cristina Ibarrola en realidad consisten en la negativa de los propietarios a permitir el acceso a sus terrenos para hacer las catas. Algo legal y pacífico, que el Ejecutivo español contrarrestará recurriendo a esas «expropiaciones forzosas» para poder saltarse ese veto.

En la nota de prensa con la que UPN informó ayer de la presentación de la citada batería de preguntas, Catalán apuntaba que en marzo del año pasado el Gobierno español, en respuesta a una pregunta de su partido, fijó en 13,5 meses «el plazo total previsto para la ejecución de los sondeos, ensayos de geofísica e instalación de piezómetros, realización de los trabajos de laboratorio y seguimiento de los niveles piezométricos, desde que sea posible comenzar los mismos». Sin embargo, «han pasado 11 meses y el Ministerio de Transportes sigue diciendo que el proceso no va a ser ‘ni sencillo ni corto’. Es preocupante, porque parece que se va a seguir retrasando en el tiempo».

«NO PUEDE QUEDAR IMPUNE»

UPN insiste en su mantra hasta el punto de solicitar al Ejecutivo «información detallada sobre el número de sabotajes ocurridos, los lugares donde se han producido, el impacto económico de los daños y los retrasos que esto va a conllevar en la realización de los trabajos». Con ello está reconociendo implícitamente que no tiene datos sobre esos supuestos «sabotajes» que afirma.

Además, ha preguntado si se ha identificado a los autores de estos actos, si se han interpuesto denuncias al respecto y que se aclare «desde qué Ayuntamientos se han producido impedimentos».

«No puede quedar impune que cada vez que se desarrolla una infraestructura de futuro para Navarra los de siempre se coordinen para boicotearla», criticó.

Y en relación a las «expropiaciones forzosas» con carácter temporal anunciadas por Santano, reclamó explicaciones sobre las «fórmulas jurídicas» que el Gobierno español valora aplicar.