Durante el balance de su primer año en el cargo, el arzobispo de Iruñea y obispo de Tutera, Florencio Roselló, confirmó que el proceso de reparación e indemnización a víctimas de abusos sexuales de la Iglesia navarra se ceñirá exclusivamente a aquellas personas consideradas como tales por una comisión interna de la propia institución eclesiástica. Son 9 casos en lo que se refiere al arzobispado de Iruñea y otras 14 corresponden a diferentes órdenes religiosas.

Los datos difieren sensiblemente de los de la comisión de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en Nafarroa, organismo institucional constituido a principios de octubre de 2022, de la que en principio no quiso formar parte el arzobispado, para rectificar en abril pasado nombrando a dos de sus nueve representantes.

Esta última entidad ha evaluado en 38 las víctimas reconocidas hasta ahora de manera provisional, según explicó a GARA la jefa de la Sección de Asistencia a las Víctimas del Delito de Nafarroa y Colaboración con los Órganos Judiciales, Izaskun Gartzaron, también única representante del Gobierno en dicha comisión, donde ocupa la Secretaría.

Una cifra que irá aumentando -«próximamente comenzará el proceso de otros seis casos», señaló Gartzaron-, teniendo en cuenta que hace tres años un estudio de la UPNA identificó 59 casos, aunque ya dejó caer que podría haber muchos más episodios.

«Además, esperamos que el hecho de que ahora se inicie este proceso de reparaciones sirva para animar a que otras víctimas que, de momento se han mantenido en silencio, se decidan a relatar su experiencia pasada», explicó.

Roselló avanzó que ha participado personalmente en reuniones con las dos asociaciones de víctimas de Nafarroa y representantes del Ejecutivo, donde les trasladó la intención de comenzar a reparar, algo con lo que «en principio, están de acuerdo», señaló.

ENTRE TRES Y CUATRO MESES

Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos, confirmó a GARA los encuentros, que calificó de «satisfactorios». Una sensación que se produce desde el cambio en el arzobispado, cuyo titular se ha ofrecido como «mediador» ante los superiores de las diferentes órdenes que también tienen que hacer frente a otros casos, indicó.

Tal y como apuntó esta víctima de abusos por parte del director del colegio diocesano Nuestra Señora del Puy de Lizarra, entre 1962 y 1968, se prevé que en el plazo de unos tres o cuatro meses se presenten las propuestas de reparación del arzobispado, cuyas indemnizaciones económicas se calculará según lo establecido en el Derecho Penal y el baremo aplicado por otras conferencias episcopales europeas. En concreto, los expedientes de las víctimas reconocidas se remitirán a la Comisión sobre Abusos en la Iglesia, constituida por la Conferencia Episcopal. En caso de que la reparación no satisfaga a las víctimas, dejan abierta la posibilidad de recurrir a otras vías.

Roselló explicó que la denuncia de abusos por parte de sacerdotes y religiosos de diferentes órdenes «me lo encontré» al llegar a la diócesis de Nafarroa, destacando que «he condenado estos abusos durante todo el año en varias homilías» porque «es algo que vivo con gran preocupación».