Gran Bretaña, Irlanda y Alemana coincidieron ayer en alertar de que el corte en el suministro eléctrico a la Fraja de Gaza solo agravará la catástrofe humanitaria que sufre el enclave, donde Israel ha matado a cerca de 50.000 personas -un ataque aéreo mató ayer a tres personas en el campo de refugiados de Bureij-, y señalaron que no restablecerlo contraviene la legislación internacional, al tiempo que condenaron la utilización de la ayuda humanitaria como arma de guerra o herramienta política.

La relatora de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, también reaccionó a la medida anunciada por el ministro de Energía israelí, Eli Cohen: «Alerta de genocidio. Que Israel corte el suministro de electricidad a Gaza significa, entre otras cosas, que no hay estaciones de desalinización en funcionamiento, ergo: no hay agua limpia».

«Todavía no hay sanciones ni embargo de armas contra Israel, lo que significa, entre otras cosas, ayudar y asistir a Israel en la comisión de uno de los genocidios más evitables de nuestra historia», subrayó Albanese.

El corte de suministro anunciado el domingo es una vuelta de tuerca en la presión a Hamas para que libere a los prisioneros israelíes aún en Gaza, que se suma al bloqueo total a los alimentos, medicinas, combustible y refugio, que cumple su décimo día. Esencial para gran parte de la vida cotidiana en la Franja, además de dejar inoperativos en 24 horas los hospitales aún en funcionamieno deja sin agua potable a sus habitantes, ya que alimenta las planta desalinizadoras.

En estos 17 meses, organizaciones de derechos humanos han acusado a Israel de cometer actos de genocidio, entre ellos negar el agua potable a los palestinos.

Las autoridades gazatíes denunciaron que la planta de desalinización de Deir el Balah, en el centro, ha quedado prácticamente fuera de servicio produciendo un 86% menos de agua a causa del corte, lo que achaca en la «política sistemática de genocidio».

Desde el domingo, la planta funciona con paneles solares y generadores eléctricos a base de combustible, igual que la mayoría de infraestructuras en el enclave, incluidos hospitales. Además, desde hace más de dos meses también permanece inoperativa la línea de agua de la compañía israelí Mekrot, que suministraba agua al centro de Gaza, no tan arrasado como el norte.

Hamas denunció el «chantaje barato» que supone la medida, un «intento desesperado» de presionar al pueblo palestino y a la resistencia. «El corte del suministro eléctrico, el cierre de los pasos fronterizos, el cese de la entrada de ayuda humanitaria y combustible y el hambre de nuestro pueblo suponen un castigo colectivo y un crimen de guerra con todas las de la ley», además del incumplimietno del acuerdo, añadió.

Denuncian el trato degradante a las presas

La exprisionera palestina y abogada Diala Ayesh, que salió de prisión el 14 de enero tras casi un año -desde el 17 de enero de 2024- en detención administrativa, denunció ayer en una sesión informativa ante los medios el trato denigrante de las autoridades israelíes a las presas.

«Una vez estaba en confinamiento solitario a la vez que otra chica. Ella necesitaba compresas y no nos habían dejado coger nada de nuestras cosas. Cuando pidió las compresas, le dijeron ‘hoy no, mañana’. ¿Podía esperar? No, ni cinco minutos», relató Ayesh. Denunció que, si su compañera necesitaba lavar la ropa, las autoridades de la prisión no le daban ningún tipo de recambio mientras tanto. Aseguró que sufrían un trato «intimidante» en prisión. Durante los registros, los funcionarios de la cárcel, habitualmente hombres, podían llegar a exigirles que se desnudaran. «Nos hablaban de forma que nos avergonzaban, porque saben lo vergonzosas que son estas situaciones para las mujeres árabes palestinas», apuntó.

Pese a haberse visto en estas situaciones, recuerda que el compañerismo entre mujeres en prisión hizo la experiencia algo «más fácil».GARA