Las asociaciones gitanas Agifugi, Amuge, Camelamos Adiquerar, Fundación del Secretariado Gitano, Gao Lacho Drom, Kale Dor Kayiko, Nevipen y Sim Romi, acompañadas del sindicato de vivienda Batu, comparecieron ayer ante el Ayuntamiento de Basauri para mostrar su preocupación y disconformidad con la respuesta recibida por parte del Consistorio a la situación habitacional de las familias afectadas por el incendio del 31 de enero en Kareaga Goikoa.

Tras reconocer que el Ayuntamiento ha realizado «algunas acciones» para abordar su situación, consideraron que estas son «completamente insuficientes» y que «no han brindado la respuesta efectiva a las necesidades reales de las familias afectadas». Además, añadieron que «no solo son insuficientes», sino que «también evidencian una falta de comprensión de la magnitud de la emergencia habitacional que enfrentan las familias».

Así, afirmaron que la ayuda de 2.640 euros «no es suficiente para garantizar una solución habitacional digna durante los tres meses restantes de urgencia habitacional» ya que, según indicaron, «teniendo en cuenta el costo de las pensiones más económicas disponibles, este importe apenas cubre 66 días de alojamiento, no los tres meses que deberían garantizarse».

Por otra parte, denunciaron que «gran parte de las familias afectadas por el incendio se enfrenta a las consecuencias de la xenofobia, lo que agrava su situación y limita sus posibilidades de encontrar vivienda debido a la discriminación sistémica que persiste en la sociedad y en el mercado inmobiliario, materializándose en prejuicios y estereotipos que imposibilitan sus posibilidades de alquilar una vivienda en el mercado libre».

AMPLIAR AYUDAS

Por todo ello, demandan al Ayuntamiento de Basauri que las familias afectadas tengan prioridad para el acceso a viviendas públicas protegidas «como medida inmediata para garantizar una solución habitacional ante la situación de emergencia».

También consideran «imperativo» que se pongan a disposición de los afectados los recursos del Gobierno de Lakua y que «se intensifique la intermediación con inmobiliarias para garantizar que las familias puedan acceder a viviendas sin sufrir discriminación por razón de raza y clase y sin estar sujetas a condiciones que no pueden cumplir», además de un acompañamiento desde los servicios sociales municipales «a todas las familias, hasta tener una vía de solución a la que cada una pueda acogerse de manera consciente y voluntaria».