Comencemos por la querella al exministro de Interior. Su recorrido empieza en la Audiencia Nacional, que ya hizo la vista gorda ante esa entrevista de 2022 en “El País”...

La Fiscalía no actuó de oficio, como en aquel momento pidieron las víctimas o el propio lehendakari en su reflexión. Fue una las primeras cuestiones que pusimos encima de la mesa. Y el grupo de abogados vio que la mejor manera posible era desde el delito de lesa humanidad, basándose en las actividades ilegales del Plan ZEN, específicamente hacia la comunidad de refugiados: 27 muertos del GAL, heridos, entregas ilegales, torturas tras las mismas, deportaciones, secuestros o intentos de secuestro... Pruebas no faltan, efectivamente. Ni testigos.

Víctimas del terrorismo de Estado firman esta querella. ¿Ha costado convencerles o ha ocurrido al revés?

Hay 18 víctimas en esta querella. Otras han decidido no estar y lo decimos desde el absoluto respeto que merece la gestión del dolor. Algunas de ellas, como Bego Galdeano, nos dijeron «ya era hora». A partir de ahí, ¿qué recorrido puede tener? No lo sabemos. Pero estamos convencidos de nuestro compromiso y de hacer el camino entero, ir a instancias internacionales europeas si no tiene recorrido aquí.

Los tribunales no solo se lavaron las manos ante esas declaraciones de Barrionuevo, también ante los papeles de la CIA o el audio de Intxaurrondo. Este podía desclasificarlo el Consejo de Ministros y no lo hizo. ¿Emplazan también a instancias políticas?

Son aspectos diferentes. Hemos hecho la gestión con el Defensor del Pueblo español en relación al tema de Mikel Zabalza, y la respuesta ha sido que la Ley de Secretos Oficiales está actualmente en el Congreso. Es una respuesta decepcionante para la familia y los abogados, aunque seguimos con mucha atención la evolución del debate en el Congreso y qué ambición tiene el Gobierno para hacer una norma homologable a Europa.

En Euskal Herria hay una convicción general sobre quién estaba detrás del terrorismo de Estado. ¿Por qué hace falta además una verdad judicial?

Se ve muy claro por ejemplo en el tema de las torturas. Tenemos torturados reconocidos administrativamente pero no existen torturadores. Cuando los ha habido condenados, han sido indultados. Para avanzar en una convivencia democrática es fundamental que las víctimas tengan mecanismos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación. Este es un instrumento más. Tenemos instrumentos que no teníamos hace unos años y que son muy importantes, como las leyes de reconocimiento de víctimas o la Ley de Memoria Democrática del Estado español. Son suficientes para algunas víctimas como reparación, pero no para otras. Y es que detrás de eso hay una absoluta impunidad, con una línea de continuidad que se ve en nuestras querellas: años 50, 70, 80...

Habla de los procesos de reconocimiento pero se basan precisamente en la impunidad, porque no pueden desarrollarse con procesos judiciales abiertos. ¿No colisiona entonces con sus querellas?

Es un debate que está ahí, efectivamente. Sabemos que la iniciativa no ha sido apreciada en ciertos sectores pero tenemos la firme convicción de que hay que utilizar todos los mecanismos que existen. Hablamos de víctimas que siguen siendo todavía de segunda categoría, así se sienten aunque haya una mejora paulatina. Hay que utilizar todos los mecanismos, también el judicial, porque partimos de un déficit muy importante, una asimetría entre víctimas.

Esta querella ha sido respondida con silencio. Recuerda a la placa recién colocada en Intxaurrondo por Zabalza, que han preferido obviar. ¿Pasamos del negacionismo a una cierta asunción implícita?

Cuando se juzgó a José Barrionuevo [por el secuestro de Segundo Marey] ya pasó algo así: primeró negó los hechos, pero luego pasó a una asunción de responsabilidades, del negacionismo a la autojustificación, incluso a la apología, vamos a decir. Ahora se está produciendo reconocimiento a víctimas del Estado, pero no quieren que eso tenga una dimensión social, lo cual revictimiza a las víctimas; tiene que tener dimensión social. Hoy día, si salimos a la calle y preguntamos a cualquier persona sobre víctimas, su primer pensamiento, yo diría que único, tiene que ver con las víctimas de ETA. Esa discriminación tiene que terminar.

Una vez abierta esta vía, parece infinito el camino: más de 5.000 casos de tortura admitidos, cientos de muertos o heridos en atentados y cargas... ¿Cómo van a seleccionar en qué se querellan?

Es muy buena pregunta, reflexionamos sobre ello. En Behatokia intervienen cuatro aspectos: las querellas; la ONU, donde tenemos seis casos presentados ante relatores, en los que esperamos resoluciones pronto; un mecanismo que la Ley de Memoria Democrática Española ofrece, empleado ya en el caso de Espinosa Uribe y que pedimos que liderase al lehendakari Pradales; e intervenir en todos los marcos internacionales posibles.

Con las querellas hay que buscar precisamente las que vayan haciendo grieta en el muro que existe en el Estado español. Hay que recordar que se han presentado 120: 115 no han sido admitidas a trámite y sólo cinco han pasado, dos de Behatokia. El búnker judicial negacionista se apoya en una ley preconstitucional como es la Ley de Amnistía y niega legitimidad a la Ley de Memoria Democrática, que califica estos delitos como de lesa humanidad y por tanto no amnistiables, imprescriptibles.

Con los casos de Espinosa o Letamendi han conseguido eco, sacarlos del olvido incluso para sus comunidades: Gobierno Vasco, PNV...

Hay que ver la satisfacción de las familias... A mí con eso ya me resulta suficiente. Cuando han visto el eco comunicativo que han tenido estos dos casos y el cariño con que se les ha tratado en los medios... Además, hacemos pedagogía, porque efectivamente son casos muy desconocidos. Por ejemplo, el de Txomin Letamendi es de un periodo que la propia Ley de Memoria Democrática no contempla, porque alude a las barbaridades de después de la Guerra Civil y a la resistencia al franquismo. Entre medio hay un periodo de los años 40, 50... en que parece que no pasó nada, y sí pasó.

El Departamento de Justicia de Lakua ha cambiado de manos, del PNV al PSE. ¿Qué ha supuesto?

Hay indicadores preocupantes. Los consensos construidos en la anterior legislatura se están poniendo en cuestión. Se está intentando desmontar toda la estructura que se había creado, empezando por el IVAC, se está cuestionando el espíritu de la cesión de titularidad del Palacio de La Cumbre, está el acto de la Guardia Civil en Gasteiz, o el hecho de que las víctimas del Estado no estén representadas en el Consejo de Dirección de Gogora... Se debería volver a trabajar la ley e incluir las mejoras que ha venido proponiendo la Comisión de Valoración, y volver a abrir la ventanilla de solicitudes. En el Kursaal vimos a la Red de Torturados con 900 personas, es gente que está superando aquella fase de desconfianza inicial, se está apropiando de la ley en positivo. En Navarra vemos un marco de trabajo, de confianza, de consensos, pero en la CAV se están dando pasos atrás.

GEBehatokia salió casi de puntillas y es con estas querellas como ha cogido realce. Pero ¿por qué surgió?

Surge de dos sensibilidades. La primera, la gente que antes estuvo en Behatokia y TAT, con todo el trabajo que hicieron ya, cuando no había contexto para avanzar. Y la segunda, la del Foro Social Permanente. En el diagnóstico final del Foro identificamos una asignatura pendiente con las víctimas, que era superar la asimetría y el sentimiento de discriminación de las del Estado. Las víctimas de ETA cuentan con una Fiscalía y nosotros aspiramos a ser la Fiscalía social de las víctimas del Estado en la búsqueda de la verdad judicial. Y lo hacemos, quiero subrayarlo, sin un afán punitivista. A las víctimas del Estado no les mueve un afán de venganza, sino de búsqueda de verdad judicial como elemento sanador de su dolor.