Estados Unidos lleva meses amagando con la posibilidad de una intervención militar contra los cárteles mexicanos. La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump incrementó estas tensiones, con filtraciones constantes sobre posibles injerencias de uniformados estadounidenses al sur del río Bravo. Tras la declaración como «terroristas» de seis cárteles mexicanos (así como de un grupo criminal venezolano y de una pandilla centroamericana), las presiones para que los soldados se desplieguen se incrementaron. La presidenta, Claudia Sheinbaum, rechazó insistentemente la posibilidad de que Washington opere en su territorio para combatir al crimen organizado. Sin embargo, parece que esta será una dinámica habitual durante los cuatro años en los que Trump esté en el poder. Se trata de algo parecido a los aranceles, una amenaza continua que no se sabe hasta qué punto será capaz el vecino del norte de ponerla en práctica.

«Los cárteles de la droga están haciendo la guerra a Estados Unidos, y ha llegado el momento de que Estados Unidos haga la guerra a los cárteles». Esta fue una proclama con la que Trump inició su campaña para la reelección, en enero de 2023. Las advertencias del presidente estadounidense han subido de tono. En abril de este año, medios estadounidenses dieron un paso más y señalaron que la Casa Blanca estaba valorando la posibilidad de dar permiso a la CIA para utilizar «fuerza letal» contra los cárteles. Esto implicaría la intervención en México, aunque posiblemente no en la forma de soldados sobre el terreno, sino, por ejemplo, a través de drones con los que bombardear los campamentos de narcotraficantes en estados del norte de México.

La presencia de grupos como el Cártel de Sinaloa o Cartel del Noreste en estados como Sinaloa, Sonora o Tamaulipas es notoria. Ahí se ubican, por ejemplo, laboratorios en los que los grupos criminales mezclan los precursores que llegan desde India o China para hacer fentanilo, que es enviado a EEUU. La idea de los halcones de Washington sería dar poderes a la CIA para bombardear directamente estas ubicaciones, lo que ha generado el rechazo absoluto por parte del Gobierno mexicano. Las consecuencias de dicha intervención serían imprevisibles. La idea de «guerra contra las drogas» fue un invento del expresidente estadounidense Ronald Reagan y posteriormente fue aplicada por el exmandatario Felipe Calderón en 2006. Desde entonces, han matado a más de 400.000 personas en México y al menos 100.000 permanecen desaparecidas. La teoría de la «guerra contra el terrorismo» desarrollada por George Bush a comienzos de este siglo también trajo consecuencias funestas en Afganistán, Irak y otros países de Oriente Medio donde EEUU ha intervenido de una u otra manera.

PROBABILIDADES.

«No parece probable, aunque sí que es posible», asegura el académico Carlos Perez Ricart, autor de “Cien años de espías y drogas. La historia de los agentes antinarcóticos en México”. En opinión del experto, aunque Trump es imprevisible, sería lógico pensar que Washington no llevará a cabo sus amenazas. Sin embargo, sí se puede esperar que la Casa Blanca utilice la coyuntura para presionar al vecino del sur, sin importarle las consecuencias que tengan sus maniobras. Recientemente, EEUU dio a entender que agentes norteamericanos habían participado en el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Sinaloa. Una nota informativa emitida desde Washington afirmaba que un operativo liderado por agencias del norte del río Bravo había logrado destruir la infraestructura del cártel. No obstante, la Embajada en México desmintió que agentes estadounidenses hubieran puesto un pie en otro país para colaborar contra el narcotráfico, un extremo que también rechazó Sheinbaum.

«Quisieran operar como lo hicieron en el periodo de (el expresidente Felipe) Calderón. Hay agencias de EEUU que ponen denuncias permanentemente en la Fiscalía General de la República y opera bajo esa información con elementos de la Policía ministerial, desde hace muchos años no participan elementos de alguna agencia en operativos dentro de nuestro territorio», dijo la presidenta.

La injerencia de Washington también está detrás de la captura de Ismael el Mayo Zambada, entregado en un aeropuerto en verano de 2024. Desde entonces comenzó una guerra en el seno del Cártel de Sinaloa que provocó cientos de muertos y una ola de violencia desconocida en el estado. Recientemente, 17 familiares de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, se entregaron en el paso fronterizo de Tijuana. Esto da a entender algún tipo de acuerdo judicial entre Ovidio Guzmán, conocido como “el Ratón”, y las autoridades de Estados Unidos, que presionan para conocer los vínculos entre los cárteles y políticos mexicanos. No nos engañemos. Los intereses de Washington nada tienen que ver con la justicia, sino con la capacidad de presionar a su vecino.

Lo cierto es que la intervención de agencias estadounidenses como la CIA (Agencia Central de Inteligencia)o la DEA (Administración de Control de Drogas) en México ha sido una constante, especialmente antes de la llegada al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018. Por ejemplo, es conocido popularmente que las fuerzas especiales de la Marina eran un brazo ejecutor de la DEA. Suyos fueron operativos que acabaron con la vida de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, líder del cártel de los Beltrán Leyva, en 2017. También ellos estuvieron detrás de la segunda captura de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, en 2016.

Con el triunfo de López Obrador, tanto las agencias estadounidenses como sus colaboradores mexicanos cayeron en desgracia. Por ejemplo, AMLO se apoyó mucho más en el Ejército que en la Armada, ya que consideraba que esta última tenía demasiados vínculos con Washington.

SIN VÍCTIMAS ESTADOUNIDENSES.

La filtración de que la CIA podría operar contra los cárteles en suelo mexicano puede entenderse también como otra forma de presión. En la publicación de la CNN, agentes que hablaron bajo condición de anonimato explicaban que la agencia estaba valorando hasta qué punto estos operativos podrían provocar víctimas estadounidenses. Habitualmente, los cárteles tienen cuidado de no causar daños al vecino del norte que pueda perjudicarles en sus operaciones. Pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, la tortura y asesinato de Kiki Camarena, agente de la DEA, ocurrida en 1985 y que Estados Unidos nunca perdonó. Este año, tras la llegada de Trump al poder, la Casa Blanca logró la extradición de 29 presuntos narcotraficantes, entre los que se encontraba Rafael Caro Quintero, uno de los acusados del crimen de Camarena.

Otros episodios más recientes también fueron sospechosos. En 2023, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Texas. Finalmente, dos de ellos fueron encontrados vivos y otros dos muertos. El Cártel del Golfo, que es el que controla el territorio en aquel lugar, entregó a varios hombres como responsables. Siempre quedó la duda de si las víctimas eran simples ciudadanos que buscaban hacerse tratamientos médicos más baratos o infiltrados de la DEA.

La lucha contra los cárteles y contra el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos se convirtió en uno de los elementos clave de este sexenio. Hasta el momento Sheinbaum presume de haber logrado rebajar las cifras de homicidios y también de las entregas de criminales al vecino del norte. Pero esto no contenta a Trump, que sigue amagando con usar sus propias armas contra los grupos criminales. A la Casa Blanca no le importa que sus acciones desestabilicen México. Y la presidenta se encuentra entre la espada y la pared, obligada a presentar resultados para evitar los aranceles y otras medidas de presión, y atrapada con las consecuencias de la estrategia pirómana de su vecino.