Crear un mecanismo de prevención integrado exclusivamente por la sociedad civil es lo que plantea Salhaketa de Nafarroa para atajar los malos tratos en la cárcel de Iruñea que ha recogido en su informe sobre la situación actual del centro penitenciario.

El informe fue presentado ayer ante la prensa por Libertad Francés, portavoz del colectivo, quien detalló que se trata de una investigación llevada a cabo entre mayo y diciembre de 2024. El objetivo del trabajo era ofrecer «un análisis sobre la situación actual de la cárcel y la realidad de las personas presas», buscando la contraposición entre «la cárcel legal, la que marca la normativa, frente a la cárcel real, la que funciona efectivamente». El estudio se ha realizado tomando como fuentes información oficial, datos secundarios, las 82 quejas formuladas por 52 personas y 27 entrevistas, tanto entre las personas presas como entre sus familiares.

Sobre las personas recluidas en la cárcel de Iruñea, que pasó a ser una macrocárcel en 2012, se recoge en el informe que en diciembre de 2024 eran 416, de las que 391 eran hombres y 25 mujeres, con una franja de edad mayoritaria entre los 31 y los 50 años, y del que el 30% corresponde a población extranjera.

Los delitos más frecuentes tienen que ver con actos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, seguidos de delitos de violencia de género o contra la libertad sexual. Muchos son cometidos por personas con «diagnósticos relacionados con trastornos mentales y a consecuencia del consumo de sustancias estupefacientes».

En el informe se destaca la escasa aplicación de regímenes con mayores cotas de libertad, ya que el 74,5% de la población penitenciaria está clasificada en régimen ordinario y solo se aplica el tercer grado al 17,2%. También se pone de relieve el elevado número de personas de Nafarroa que cumplen condena en otras cárceles, un total de 246.

En lo que respecta al día a día, desde Salhaketa se denuncia el hacinamiento, ya que “solo están operativos seis de los trece módulos».

Uno de los problemas más graves tiene que ver con los testimonios que denuncian malos tratos, vejaciones y humillaciones dentro de la cárcel. Frente a ello, se propone «la creación de un mecanismo de prevención de la tortura navarro, integrado exclusivamente por la sociedad civil».

Las funciones de este órgano planteado por Salhaketa serían, entre otras, «la prevención de la tortura y de otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la vigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones legales y del respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en todos los espacios de privación de libertad dependientes de administraciones navarras».