Impulsada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la Ley de Vivienda de Nafarroa pretende dar respuesta a la situación de emergencia habitacional para, adecuando la normativa a la evolución del mercado inmobiliario y a los cambios económicos, sociales y demográficos que justifican la existencia de un parque residencial adecuado a un precio asequible, tratar de favorecer el acceso ciudadano a la vivienda, en especial de los colectivos en riesgo de exclusión residencial. Su objetivo inmediato pasa por acometer una nueva política de viviendas protegidas y activar el potencial de las zonas tensionadas.

La norma introduce una serie de figuras dirigidas, entre otras, a la revisión de los regímenes de calificación de las viviendas protegidas, de los procedimientos de adjudicación y de las figuras residenciales.

Uno de los elementos llamativos de la nueva norma es la desaparición del régimen de arrendamiento con opción de compra y la incorporación de la fórmula del arrendamiento asequible (figura intermedia entre el precio de mercado y de la protección oficial), así como del estatuto de propiedad, cuya titularidad ahora podrá ser plena o en derecho de superficie.

En cuanto a los procedimientos de adjudicación, se sustituye el sistema de baremación en los procesos de acceso a viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible, por el método de sorteo, en el caso de reservas generales destinadas a determinados grupos.

Por otra parte, se introducen nuevas figuras residenciales, como los alojamientos dotacionales, configurados como equipamientos comunitarios de titularidad pública orientados a atender, de forma rotatoria, situaciones específicas de dificultad en el acceso a un hospedaje digno por parte de determinados colectivos.

En relación con el refuerzo del parque público de vivienda, se defiende la ampliación de funciones del Banco Foral de Suelo Público, al que se habilita para poder destinar los bienes que lo integran a alojamientos dotacionales, además de a vivienda protegida.

Y cuya promoción se faculta, mediante la adjudicación del derecho de superficie por el sector público, sociedades de capital mixto dedicadas a la gestión de viviendas protegidas, cooperativas de viviendas o entidades del tercer sector.

Del mismo modo, se contempla la creación y regulación del nuevo Registro de Grandes Tenedores de Vivienda, un ente de naturaleza administrativa que se encargará del control y seguimiento de los multipropietarios.

En el transcurso del debate efectuado en comisión se han debatido 43 enmiendas, de la que se han aprobado 9, todas suscritas por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. El resto, 21 del PPN y 15 de UPN, han decaído con la oposición de los grupos que dan respaldo parlamentario al Gobierno.

EH Bildu defiende intervenir ante la emergencia en Bizkaia

EH Bildu defendió ayer en Bizkaia la intervención del sector público en el mercado inmobiliario ante la situación de «emergencia habitacional» y plantea ampliar el parque público de vivienda en alquiler a través de la creación de un fondo público de inversión, regular el precio del alquiler para «evitar los abusos», movilizar «las miles de viviendas vacías» y limitar las viviendas turísticas. En un acto en Bilbo, la parlamentaria de EH Bildu Edurne Benito y el concejal de esta formación en el Ayuntamiento bilbaino Karlos Renedo advirtieron de la situación de «emergencia habitacional que vive Euskal Herria y también Bizkaia».

En esta situación explicaron que EH Bildu considera que «el mercado no se va a regular solo y que es necesario que el sector público intervenga en el mercado inmobiliario». Señalaron que PNV y PSE han tomado una dirección equivocada.