Casi 2.000 personas se movilizaron ayer al mediodía en el centro de Donostia para denunciar de nuevo la implicación de la CAF en la construcción del tranvía de Jerusalén por parte de Israel, un proyecto que ha entrado en su segunda fase.

No fue solo en la capital guipuzcoana, sino que protestas similares se produjeron en otra veintena de localidades del Estado español y la repulsa fue expresada también por 80 organizaciones en 26 países.

«Bájense del tren del apartheid israelí» fue la demanda de la manifestación de Donostia y también el título del manifiesto que se extiende por el planeta. Todas las organizaciones firmantes trasladan a sus estados y autoridades locales que «otorgar un contrato a CAF es ilegal e inmoral».

En la capital guipuzcoana, la marcha partió de la sede de la Diputación y discurrió bajo la lluvia entre gritos de «Israel hiltzaile, CAF laguntzaile» o «Israel boikot, Palestina askatu» y numerosas banderas palestinas.

La campaña está impulsada por BDS (BDZ en Euskal Herria), que recuerda que lleva cinco años demandando a la empresa con sede en Beasain que «ponga fin a su papel como importante facilitador corporativo de la ocupación militar ilegal israelí del territorio palestino».

Citan que CAF opera y amplía la Línea Roja del Tren Ligero de Jerusalén (JLR) y construye además la nueva Línea Verde, que proporciona material rodante y servicios técnicos. «Ambas líneas conectan los asentamientos ilegales israelíes en el territorio palestino ocupado con Jerusalén Occidental», subraya la plataforma.

A nivel del Estado español, se celebraron movilizaciones contra la actitud de CAF en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Santander, València, Santa Cruz de Tenerife... 16 convocatorias en total que se suman a la de Donostia.

AI EN BEASAIN

Además, ayer por la mañana pero en Beasain, Amnistía Internacional acudió a la Junta de Accionistas de CAF para interpelar a la empresa sobre su relación con el régimen de Benajmin Netanyahu. Ya lo hizo hace dos años usando la fórmula del «accionariado crítico» (compra de acciones para tener voz en la Junta).

Tras recordar las resoluciones internacionales contra la ocupación del territorio palestino, la activista de AI Sofía García Arana preguntó en la sesión «por qué CAF omite este escenario internacional de obligaciones jurídicas en el ámbito de las relaciones económicas».

Criticó también que la multinacional vasca «asuma el lenguaje del Estado de Israel» en sus informes de sostenibilidad, al señalar que el proyecto del tren ligero «se encuentra en territorios que son objeto de controversia política» y que diga que «no se ha detectado ninguna vulneración de derechos humanos derivada de la participación del grupo CAF en ningún proyecto».

«Esto es una muestra patente de que la empresa continúa obviando las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la posición de la Unión Europea, que consideran ilegales los asentamientos», remarcó.

Amnistía Internacional señala que el contrato de este proyecto, adjudicado en 2019 a un consorcio participado por la empresa vasca y cuya primera línea se inaugura este año, está valorado en 1.800 millones de euros, «de los que CAF se quedaría con algo más de 500».