El Tribunal Constitucional (TC) español avaló ayer la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes españolas para levantar las penas a los acusados del procés. El fallo no modifica sustancialmente el borrador que su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, elevó al pleno. El TC acordó, asimismo, no presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Solo da la razón al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en tres cuestiones menores. De esta forma, la resolución cierra la vía judicial y abre la puerta a la aplicación plena de la amnistía, tal y como pidieron ayer mismo varios dirigentes independentistas, mientras que la derecha -incluido Felipe González- criticaban sin contemplaciones la decisión del Constitucional.

La sentencia utiliza tres argumentos para rechazar el recurso. En primer lugar, señala que todo lo que no está vedado en la Constitución «queda, en principio, dentro del ámbito de decisión del legislador». El PP defendía la tesis de que todo está prohibido excepto lo que está permitido, una interpretación de la Carta Magna propia de un régimen totalitario, donde solo se permite aquello que está expresamente autorizado. Refleja como ninguna otra cosa el modelo ventajista y autoritario que la derecha está tratando de imponer. En segundo lugar, el fallo señala que la amnistía no suplanta a los tribunales en la determinación de la culpa, sino que elimina el castigo por motivos extrajurídicos, es decir, por razones políticas. En este sentido, el TC admite que la amnistía no tiene necesariamente que ser justa, sino que responde a un intento de encauzar una coyuntura extraordinaria, en este caso, el procés. Es, por lo tanto, un paso para abandonar la vía de la represión, tanto legal como ilegal, que no genera más que sufrimiento y solo conduce a un enquistamiento de los problemas políticos. Es, además, una reivindicación de la política.

Los conflictos de naturaleza política, como el vasco o el catalán, solo pueden ser resueltos mediante la negociación. Y avanzar en esa dirección significa poner los medios para que se respete la voluntad democrática de la ciudadanía. Esta sentencia del Constitucional invita a explorar ese camino.