Ixone Fernández, una de las miles de personas que fueron torturadas en las últimas seis décadas en Euskal Herria, aprovechó el coloquio organizado ayer por Gogora en Bilbo, coincidiendo con el día internacional en apoyo a estas víctimas, para reclamar a las instituciones que se abra el arco temporal de la ley de reconocimiento para que ella como otros muchos ciudadanos puedan contar con el arrope institucional que durante años se les ha negado.

En un coloquio que se prolongó durante algo más de una hora, conducido por la periodista Maitena Salinas, la santurtziarra expuso lo que ha vivido en los últimos veinte años después de que fuera detenida por la Policía española en 2005. En muchos instantes, emocionada, pero decidida a dar a conocer el «infierno» vivido, Fernández fue relatando su paso de víctima a superviviente, haciendo una llamada en el cierre del acto a todas aquellas personas que han sido torturadas a sumarse a la red que se presentó en febrero pasado en el Kursaal.

Sus palabras, en dos instantes de la charla junto al forense Paco Etxeberria y la psicóloga Olatz Barrenetxea, provocaron el aplauso de quienes llenaban la sala, entre ellas la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y varias decenas de personas que han sufrido esa práctica habitual durante décadas en dependencias policiales.

Fernández confesó que es «difícil» reconocerse como víctima y que si en prisión se sintió arropada por sus compañeras, al salir a la calle y después ser absuelta de los cargos de los que se le acusaba, le costó gestionar sus emociones dado el trauma que soportaba y sus secuelas, que ha logrado superar gracias a un proceso terapéutico que se prolongó a lo largo de cuatro años.

Admitió que, al principio, fue reticente, aunque la terapia grupal en la que participó con otras personas torturadas le ayudó. «He pasado un infierno, sobrevives y no vives», dijo al rememorar lo vivido. La violencia hacia las mujeres estuvo presente en este diálogo, con ejemplos de las situaciones padecidas por muchas detenidas en los calabozos.

Barrenetxea aportó su experiencia de más de 30 años como psicóloga, destacando que las personas torturadas se han sentido más indefensas en la calle que en prisión, ya que la crisis postraumática es mucho más evidente. También destacó que no se puede clasificar la tortura.

Fernández, en otra de sus intervenciones, recordó cómo se produjo su arresto en Cádiz, el periodo de incomunicación y el trato dispensado por el médico forense y la abogada de oficio que le asignaron, que se llegó a dormir cuando le estaban tomando declaración. También el papel de los jueces, primero Baltasar Garzón y luego al que relató las torturas, que llegó a decirle que era «novelesco e irrisorio», aludiendo a que era mujer.

Se quejó de que durante años han sido «invisibles» para las instituciones, de modo que se ha tratado de sostener que la tortura no existió y que era una «estrategia de ETA», dinámica sustentada por jueces, políticos y periodistas. Del Protocolo de Estambul, dijo que le ha servido a ella para probar que su «testimonio es consistente».

En su llamada a que no se fijen plazos a la hora de reconocer a las víctimas de la tortura, Fernández incidió en que son miles las personas que lo necesitan. Insistió en que es un proceso «doloroso» que necesita de tiempo, no precisamente los fijados por decreto.

La santurtziarra admitió que es cierto que ha habido reticencias respecto a los pasos dados por los Gobiernos de Lakua e Iruñea, dado las décadas en las que se les «invisibilizó», y los propios «miedos» por reabrir heridas internas que no han curado y que, como señaló Etxebarria, en otro momento de la charla, ha llevado a algunos torturados a suicidarse antes de ofrecer su testimonio.

En una intervención de presentación, la consejera manifestó que «nadie tiene derecho a usar las herramientas del Estado para violar los derechos más básicos de cada individuo. Se trata -enfatizó San José- de actuaciones que merecen la más rotunda de las condenas por parte de todas aquellas personas que creemos y militamos en la defensa de los Derechos Humanos».

LA INCOMUNICACIÓN SIGUE VIGENTE

Tras esa intervención de la consejera, el coloquio lo abrió quien fue codirector del ‘‘Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco 1960-2014’’, apuntando a la cobertura ofrecida por el periodo de incomunicación a esas prácticas, que fueron evolucionando de detenidos llenos de sangre a cuerpos destrozados por métodos que dejan menos marcas físicas pero profundas heridas en quienes los han padecido. De esa legislación, comentó, que no está justificada.

El forense relató algunas de sus experiencias, con ejemplos de la impunidad con la que se movían los cuerpos policiales, y cómo reaccionaron en aquellas pocas ocasiones en que fueron condenados.

Fernández apostilló que a día de hoy el periodo de incomunicación sigue vigente en la legislación española.