El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes el decreto que regula los avales para ayudar a personas de entre 18 y 39 años en la compra de su primera vivienda, con una dotación de 144 millones de euros, y para inmuebles de hasta 340.000 euros

Durante el periodo de exposición pública de dicho decreto, al menos el sindicato LAB y un particular presentaron alegaciones contra el mismo, puesto que incumple la Ley de Vivienda del 2015 que determina que el dinero público debe destinarse al alquiler social o rehabilitación de vivienda, y ahora mediante el Departamento de Juventud, se quieren destinar 140 millones de euros a través del Instituto Vasco de Finanzas para la compra de vivienda.

Ambas alegaciones se fijaban en que el artículo 7.4 de la Ley de Vivienda determina que «el Gobierno Vasco y las administraciones públicas de carácter territorial orientarán los recursos disponibles en materia de vivienda preferentemente a la promoción de viviendas en régimen de alquiler, para destinarlas a los colectivos más desfavorecidos». Y la disposición final 4 concreta que a partir del quinto año desde la aprobación de la ley ese «preferentemente» supone el 100%.

Además, cabe recordar que la Ley de Vivienda vigente establece en su artículo 2 de ‘Principios rectores de la política de vivienda en Euskadi’ que «la adjudicación en propiedad de la vivienda protegida ha de autofinanciarse, sin consumir recursos públicos, para que estos puedan canalizarse hacia programas de alquiler». Si el espíritu de la ley es restrictivo en relación a favorecer con dinero público la compra de vivienda protegida, qué decir de la compra de vivienda libre.

«NADA QUE VER»

Lakua respondió a ambos que «el programa de avales que regula el proyecto de decreto no tiene nada que ver con las políticas de vivienda del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, que tiene sus programas propios y dotación presupuestara específicos». Y añadió que «el programa de avales es parte de otra política pública de emancipación y su coste corre a cargo del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico diferente al del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana». El documento de la respuesta oficial está disponible en NAIZ.

En la concentración que LAB realizó ante la sede de Sabin Etxea el pasado martes para protestar contra este decreto, el responsable de Acción Social del sindicato, Endika Perez, ya adelantó que habían presentado «una serie de alegaciones» a dicho decreto, y denunció que «la respuesta que hemos obtenido del Departamento de Juventud es decir que, como son ellos los que ponen en marcha la iniciativa, no tiene nada que ver con una política de vivienda. Es escandaloso».