La persecución judicial contra Josu Urrutikoetxea no cesa y ahora ha sido procesado en Madrid, señalado como «máximo dirigente» de ETA en base a algunos hechos que son públicos y notorios a estas alturas y que se corresponden con el proceso de resolución. El juez Santiago Pedraz lo establece tirando del hilo de una causa sobre su presunta financiación a través de las herriko tabernas, y apunta como prueba de ello que fuera el encargado de «anunciar la disolución» de esa organización.

La participación de Urrutikoetxea en intentos diferentes de resolución ha sido reconocida por él mismo en distintos foros. En una entrevista a NAIZ en 2021 dijo además no sentirse sorprendido por la persecución judicial: «Me han colocado como trofeo. Conseguir ese trofeo sería una gran victoria desde el punto de vista español. ¿Si me ha sorprendido que hayan planteado esas causas? En absoluto, porque, hasta ahora, ese ha sido el comportamiento del Estado español y, aunque cambie la situación, mantiene ese mismo comportamiento».

El magistrado se escuda en documentos incautados en un registro a Urrutikoetxea tras su detención en mayo de 2019. No duda de su condición de dirigente porque, sostiene, «de otro modo no puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes». Asimismo, añade, «no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España. No se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución».

Urrutikoetxea reside ahora en Lapurdi en régimen de libertad bajo control judicial y el Estado español lo reclama para juzgarlo, pero su extradición está pendiente de otro juicio previo en los tribunales galos.

Se trata del fijado para el próximo octubre por su presunta implicación en la actividad de la organización armada entre 2002 y 2005, un caso por el que ya fue condenado en rebeldía. Tiene otras causas abiertas en la Audiencia Nacional, entre ellas la del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, por el que la Fiscalía pide una condena de más de 2.000 años de cárcel.