La financiación singular cuyas bases pactaron ayer el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya abre la puerta a modificar el modelo actual, vigente desde 2009, y permitirá en un futuro recaudar todos los impuestos, empezando por el IRPF. Otras comunidades podrían sumarse a esta posibilidad si lo consideran conveniente. Todo ello si el Gobierno español consigue los votos suficientes para aprobarlo en el Congreso. En la reunión de ayer se oficializó el acuerdo previo alcanzado entre PSOE y ERC

La Generalitat resalta que la estructura de la nueva financiación que pactó ayer con el Estado español supone «un cambio de paradigma», puesto que la Administración catalana pasaría de recibir recursos a ingresarlos.

De este forma, aumentaría la corresponsabilidad fiscal de Catalunya, que asumiría un mayor papel en la recaudación. No se trata de una mera «actualización» del sistema, subrayaron fuentes del Govern.

«SINGULAR» Y «GENERALIZABLE»

El nuevo modelo de financiación, cuyos detalles se definirán más adelante, deja en manos de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) la recaudación de todos los impuestos.

Se trata de un modelo «singular», porque concede el protagonismo de la recaudación a la Generalitat, pero a la vez sería «generalizable», pues podría exportarse a aquellas comunidades que lo deseen.

El modelo previsto concede a la Generalitat, de entrada, toda la recaudación impositiva en Catalunya y prevé la transferencia de una parte de estos recursos al Estado, para «compensar los servicios que presta a la comunidad», en un sistema similar al que se emplea en las haciendas forales.

El resto de recursos se los quedaría Catalunya para financiar las competencias que también tienen otras comunidades. La Administración catalana haría a continuación una «aportación a la solidaridad común» -no definida aún-, y finalmente el Estado transferirá de vuelta recursos a Catalunya para financiar competencias que no tienen el resto de autonomías, como prisiones o Mossos d’Esquadra. El diseño inicial de este modelo de financiación supone que desaparecerán los fondos del sistema actual, como los de compensación o de competitividad, que la Generalitat entiende que distorsionan el reparto de recursos.

Una vez aplicado este sistema, teóricamente, desaparecerían los llamados anticipos a Catalunya en aplicación del modelo de financiación.

SISTEMA POR DEFINIR

El sistema se sustenta en la capacidad fiscal de los territorios y se basa en la definición de una cesta de impuestos, es decir, en un porcentaje de cada tributo que corresponderá a Catalu-nya. Esta cesta resulta de la aportación catalana a los gastos del Estado y se calculará a partir de «criterios objetivos y comprobables».

A partir de esa cesta, se aplicaría una nivelación para «contribuir solidariamente al bienestar de otros territorios», pero todo ello sin afectar a la ordinalidad, que será la misma antes de hacer la nivelación.

Finalmente, el modelo prevé una financiación adicional para las singularidades de Catalunya en materia de competencias específicas.

SIN FECHA DE APLICACIÓN

El Gobierno español y la Generalitat catalana han pactado por el momento solo las bases del modelo, un mero esquema de cómo funcionaría este teóricamente, que no tiene por tanto ahora plazos de aplicación.

Según el Govern, el Ejecutivo español debería llevar una propuesta de nuevo modelo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) y, en paralelo, deberían modificarse en el Congreso varias leyes estatales, como la de financiación de las comunidades autonómicas o la de cesión de tributos.

Fuentes del Govern resaltaron que ayer se dio «un primer paso» en la consecución de la financiación singular, pero insistieron en que la aplicación final dependerá de que exista una mayoría parlamentaria en el Congreso.

Uno de los interrogantes que quedan por resolver es qué «porcentaje de solidaridad» tendrá Catalunya con el resto del Estado o bien qué participación tendrá cada administración en la cesta de impuestos.

La Generalitat, que espera que los detalles del nuevo modelo se acuerden antes de acabar el año, considera que para poder empezar a hablar de ello se deberá conocer antes cuántos recursos adicionales está dispuesto a aportar el Estado a las comunidades.